viernes, 15 de febrero de 2013

Tribunal de cuentas, entre la ineficacia y la manipulación política

Una de las esencias de la democracia, elecciones aparte, es el respeto a las leyes y el sometimiento al Estado de Derecho. Todos somos iguales, o deberíamos serlo, ante la ley. Nadie debe estar por encima de las normas que entre todos nos hemos otorgado. El cumplimiento de la ley es garantía de convivencia en igualdad de condiciones. Pero ¿qué pasa cuando aquellos que están encargados de elaborar las leyes y velar por su cumplimiento son los primeros que las incumplen? ¿qué sucede cuando la separación de poderes es casi inexistente? ¿qué ocurre cuando los organismos de control, teóricamente independientes, son manipulados y manejados por los partidos políticos? Pues que la democracia se convierte en un reflejo de sí misma, un espejismo meramente formal donde triunfa el descontrol y, por tanto, el desgobierno. Uno de esos organismos, el Tribunal de Cuentas, está hoy en el punto de mira gracias a que la financiación de los partidos políticos se ha convertido en terreno abonado para corrupciones varias más propias de una banda mafiosa que de lo que debería ser la canalización de la representación popular.

El pleno del Tribunal de Cuentas es elegido, a partes iguales, por el Congreso y el Senado ¿Independencia?

El Tribunal de Cuentas es un organismo teóricamente independiente entre cuyas funciones se encuentra fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público para comprobar su sometimiento a los principios de legalidad, eficiencia y economía. También el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos. Su poder sancionador y coercitivo es más bien escaso, lo que unido a su tardanza, sea por falta de medios o debido a ese escaso poder, hacen de él un órgano cercano a lo ornamental. En el caso que nos ocupa, la financiación de los partidos, su último informe data de marzo de 2012 referente a las cuentas del ejercicio 2007. Es decir, que si alguien quiere saber que opina el Tribunal sobre Bárcenas, el cual fue tesorero del Partido Popular en 2009, al ritmo actual, debería esperar al menos otro año. Otro ejemplo, recién se ha publicado un informe sobre supuestas deficiencias en contratos publicitarios del estado ejecutados entre los años ¡2005 y 2007! ¿cual es la conclusión del informe? El Tribunal recomienda que estos contratos no computen como inversiones reales si no como gastos corrientes y aconseja que los órganos de contratación revisen la precisión de los contenidos de los pliegos de condiciones de los contratos y midan el impacto de las campañas. Qué miedo ¿verdad?

Pero por si esto fuera poco, esta incapacidad puede deberse a algo más que la escasez de medios o las cortapisas legales. Su composición da poco margen a la independencia de la que debiera hacer gala un organismo encargado de controlar al resto de poderes públicos. El vicio, como de costumbre en nuestra democracia, ya lo encontramos en el origen. El Pleno del Tribunal de Cuentas está integrado por doce miembros, designados, a partes iguales, por el Congreso de los diputados y el Senado. No suena muy independiente. Curiosamente el mismo Tribunal, en su página web, hace referencia a que sus miembros poseen “las mismas independencia, inamovilidad e incompatibilidades que los jueces”... y efectivamente parece que así es. 

Composición del Pleno del Tribunal de Cuentas/ Fuente: El País

No es que lo diga yo, que al fin y al cabo no soy experto en la materia y con seguridad estoy influenciado por ese malestar, por decirlo finamente, que recorre nuestra sociedad en los últimos tiempos. El Tribunal Supremo en una sentencia del 3 de diciembre de 2012 desestimaba dos nombramientos de cargos. El texto reclama más funcionarios de carrera, que lleguen por oposición, frente a los nombramientos a dedo, y afirma que sobran 30 de los recomendados. También el Tribunal Constitucional ha sentenciado a favor de la profesionalización, a través de la sala primera, al declarar inconstitucional la rebaja de la titulación para acceder al cuerpo superior de auditores legislada por el PSOE en 2008. Metiendo el dedo en la llaga, que para eso estamos, quizá a alguno le hayan resultado familiares los apellidos de uno de los miembros del pleno: Manuel Aznar López, sí, hermano ya imaginan de quien. Entró a formar parte del Tribunal de Cuentas como funcionario, ascendiendo hasta vocal del pleno. Es responsable de inspeccionar los Ministerios de Hacienda, Economía, Fomento y Sanidad. ¿Independencia?

Según la Asociación de los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores del Tribunal de Cuentas “desde 1987 nunca se ha cubierto el tope de los letrados y auditores, mientras que no han parado de incorporarse personas de libre designación". Curiosa situación cuando desde el Tribunal se denuncia la falta de medios, más teniendo en cuenta que ellos sí son profesionales independientes cuyo acceso se realiza por oposición y sólo pueden ejercer su función en este órgano.

En resumen esto es lo que sucede cuando una democracia olvida sus principios básicos enterrando a Montesquieu; cuando los partidos políticos dejan de ser un medio por el cual canalizar las distintas sensibilidades políticas de la sociedad y se convierten en una maquinaria de poder como fin en sí mismo; cuando los que hacen las leyes acaban siendo los mismos encargados de ejecutarlas, de vigilar su cumplimiento y de juzgar su incumplimiento, llegando al culmen cuando, además, son los primeros que las desprecían e incumplen.