jueves, 5 de abril de 2012

Financiación de partidos: la ley y la trampa


Esta semana se han presentado en sede parlamentaria los presupuestos más restrictivos de nuestra historia reciente y una de las partidas que también se rebaja es, como no podía ser de otra manera, la asignación para financiar a los partidos políticos. El montante ha pasado de los 126.850.430 euros destinados en 2011 a los 110.376.012 euros previstos para el presente año, una disminución del 12,7 por cien. Siendo una rebaja importante no alcanza, ni mucho menos, la reducción media de las partidas ministeriales cifrada en un 17%. Respecto a la financiación de los partidos se puede decir, más que nunca, aquello de hecha la ley, hecha la trampa. No podía ser de otra manera, si yo fuera el encargado de decidir cuanto voy a cobrar cada año probablemente mi cuenta corriente estaría más saneada. Sobre todo si es a costa del dinero de los demás. A unos les parecerá poco y a otros mucho, juzguen ustedes mismos.


El caso es que tras más de treinta años de democracia la financiación de los partidos políticos sigue siendo un asunto polémico y de difícil encaje. Hay quien opina que no deberíamos financiarlos con cargo a nuestros impuestos y quien piensa, por el contrario, que la financiación privada solo puede llevar a la corrupción y el tráfico de influencias. Pero ¿como es la financiación de los partidos en España?

En nuestro país existe un modelo mixto de financiación pública y privada reglamentada en la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. La idea es favorecer, desde el Estado, la tarea de los partidos políticos como representantes de la sociedad sin hacerles rehenes de la financiación privada y, al mismo tiempo, dar entrada a esta para no cargar en exceso las arcas públicas. 

Financiación pública

Las subvenciones estatales son obligatorias, anuales, no condicionadas y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Estas se reparten, exclusivamente, entre los partidos con representación en el Congreso de los Diputados. Se distribuye un tercio en función del número de los escaños obtenidos por cada partido en las últimas elecciones y los dos tercios restantes en función del número de votos. A esta asignación hay que añadir una cantidad adicional para los gastos de seguridad de los partidos. 

Financiación partidos políticos

Financiación privada

En cuanto a la financiación privada puede tener distintos orígenes. Por un lado encontramos las aportaciones de los afiliados, adheridos y simpatizantes. Estos deben pagar sus cuotas en cuentas bancarias abiertas para tal fin y no pueden ser anónimas. Dado el escaso número de afiliados que tienen los partidos políticos en España y lo raquítico de sus aportaciones estas no llegan a cubrir la quinta parte de sus ingresos.

Otra fuente de ingresos son las donaciones. Han de ser nominativas y pueden ser dinerarias o en especie. Se prohíben las donaciones procedentes de entidades o empresas públicas así como de empresas privadas con contrato vigente con las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público. No pueden superar los 100.000€ anuales por donante excepto si se trata de una donación en especie de un bien inmueble. También pueden recibir herencias o legados siempre quedando debidamente documentados.

Los beneficios fiscales de los partidos pueden considerarse, en cierto modo, una fuente más de financiación con cargo a los Presupuestos del Estado y de las comunidades autónomas debido al importante ahorro que les suponen. Las formaciones políticas gozan de un tratamiento específico en el Impuesto de Sociedades y de exenciones en otros impuestos como son el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

 Sin informes desde 2006

Este es el marco que nuestros gobernantes se han dado con la Ley Orgánica 4/2007 para financiar sus propios partidos. La teoría no está nada mal pero vayamos a la práctica, o sea, a las cifras. Es aquí donde nos encontramos el problema. El último informe oficial, el que publica el Tribunal de Cuentas, data del año 2010 y versa sobre las cuentas, agárrense, del año 2006. ¿El motivo? Inescrutable, como los designios del señor. Los partidos están obligados a entregar sus cuentas anuales al tribunal con fecha tope de 31 de junio del año siguiente y este a publicarlas a lo largo del segundo semestre. Sin embargo no encontramos ningún informe de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, que según esto deberían estar ya publicados. Dado que dichas cifras datan de hace seis años y posteriormente entró en vigor la ley que hemos mencionado no merece la pena detenerse en ellas, quien tenga curiosidad puede seguir el enlace que hemos incluido. La única excepción a esta oscuridad general la supone UpyD, que nos permite consultar todas sus cuentas a través de su web. Actualmente se encuentra en trámite parlamentario una reforma de la ley en la que se pretende reducir en un 20% la cuantía de las subvenciones, cantidad equivalente al aumento de estas desde el año 2007.

La primera conclusión es la vergüenza que supone en un país democrático esta falta de información sobre el destino de nuestros impuestos, por un lado, y el origen del dinero que reciben los partidos por otro.

Reparto desigual

Respecto a las subvenciones públicas, en el caso de que deban existir, cabe poner el punto de mira en el sistema de reparto. Parece claro que hay que poner un primer filtro en el hecho de obtener representación. De otra manera se abriría la mano a multitud de partidos formados para obtener la subvención e incluso partidos creados como "filial" de otros para obtener mayor parte del pastel. El problema que esto supone es que se dificulta la creación de nuevas formaciones pero, como todo en la vida, a veces deben pagar justos por pecadores. Quizá una opción sería otorgar subvenciones básicas a aquellas organizaciones que presentaran determinado número de firmas que garantizaran un apoyo social e interés general. Respecto al actual sistema de reparto está claro que beneficia a los partidos más grandes y aumentan cada vez más las diferencias. Cuantos más votos y escaños obtienes recibes más subvenciones lo cual te permite ganar más votos y escaños en un futuro. Una solución sería dar la misma cantidad a todos los partidos con representación parlamentaria y una cantidad adicional dependiendo de en cuantas circunscripciones electorales se presenten. De esta manera se disminuiría la cantidad total y se garantizaría una mayor igualdad.

Puntos oscuros

Respecto a la financiación privada y con los pocos datos que tenemos podemos decir que ateniéndonos a la ley de 2007 nuestro sistema de financiación de partidos presenta más luminosidad que en el pasado, prohibiendo, por ejemplo, las donaciones anónimas, pero las zonas de sombra son aún importantes.

Hemos mencionado que una empresa con contratos en vigor con la administración no puede aportar dinero a un partido pero no se dice nada de que en un futuro la empresa que ha realizado su donación no pueda acceder a contratos. Sería conveniente establecer un periodo por el que los donantes no pudieran participar en concursos públicos. De esta manera se dotaría de mayor transparencia al sistema, aunque lo más probable es que esto supusiera una disminución drástica de las donaciones. Por otra parte habría que controlar, y no se está haciendo, a las empresas vinculadas o participadas por las que hacen una donación. Además, las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos no tienen está limitación legal por lo que en la práctica es fácil de vulnerar la norma a través de estas.

Otro punto a mejorar lo encontramos en la limitación cuantitativa de las donaciones. Si bien para el común de los mortales el límite de 100.000 euros anuales es desorbitado puede resultar razonable para grandes donantes o empresas. Pero las donaciones en especie no están limitadas y resulta extremadamente fácil sortear la limitación comprando un bien y donándolo posteriormente al partido elegido. También las fundaciones rompen con la norma al aumentar el límite anual por donante a 150.000 euros.

Emilio Botín

Condonacion de deudas

Quizá el punto más conflictivo, por eso lo he dejado para el final, sea el de las condonaciones de deuda por parte de las entidades bancarias. Esta claro que este tipo de prácticas se ha convertido en una fuente de financiación adicional a los partidos políticos por parte de los bancos que, como bien sabemos, no dan duros a pesetas. Como muestra unos botones, puesto que las cifras, también en este caso son dificiles de encontrar. Se estima que durante los primeros años de la transición los bancos perdonaron al conjunto de los partidos una cantidad cercana a los 300 millones de euros por aquello de que había que consolidar la democracia y ayudar al crecimiento de los partidos. Se ve que estos maduran lentamente puesto que en el año 2006 el Banco de Santander y la BBK perdonaron al PSOE 30 millones de euros, cantidad a la que podemos sumar los 7,1 millones que la Caixa perdonó al Partido de los Socialistas de Cataluña en 2004 . La disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 8/2007 establece que los partidos políticos podrán llegar a acuerdos respecto a las condiciones de deuda que mantengan con las entidades de crédito quedando así amparadas las condonaciones.

Esta claro que nuestros políticos han encontrado el punto justo para aparecer ante la opinión pública como garantes de la legalidad y la transparencia dejando abiertas varias puertas para seguir realizando prácticas que les permitan una financiación extra aún a costa de verse rehenes de intereses privados que en nada benefician al resto de la sociedad además de ver perjudicada su credibilidad cada vez más en entredicho.