viernes, 20 de abril de 2012

La CEOE cree que la subvención es un derecho

En este blog ya hablamos de las subvenciones públicas que se llevan los sindicatos dentro de nuestra serie sobre el gasto público. No sería justo si no habláramos del dinero público que va a parar a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la CEOE, es decir, a la patronal. Esta, está bastante lejos de la autofinanciación: de cada 10 euros que ingresa, 7 provienen de subvenciones públicas.
   

De acuerdo con los datos de la memoria de 2010 de la propia institución, la CEOE se presupuesta con 587 millones de euros ese año, de los que aproximadamente 400 millones proceden de subvenciones públicas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Este dinero se le da exclusivamente para cursos de formación, según datos de 2010 de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, que gestiona estas ayudas. Esta partida es finalista, es decir, las patronales territoriales y sectoriales en que se divide la CEOE tienen que utilizarla sólo para impartir cursos.



Juan Rosell. Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez

La Tripartita, que sustituyó al antiguo FORCEM en 2007,   no se ha caracterizado, al igual que su antecesor, por su transparencia y en muchos casos ha utilizado las subvenciones recibidas, en lugar de para dar cursos, para financiar a sus integrantes como se constata en el fraude detectado en 2010.


El acta de constitución de la CEOE, entregado el 29 de junio de 1977, fue firmado por 27 patronales. Lleva más de 30 años recibiendo miles de millones de subvención pública para formación y gestionándola de forma opaca. Según su página web la CEOE agrupa a 230 organizaciones empresariales y a más de 5.000 organizaciones de base que aglutinan a 1.450.000 empresarios y autónomos. Sus liberados, es decir, trabajadores que se dedican exclusivamente a defender los intereses de los empresarios ascienden a 35.000, frente a los 10.000 liberados de los sindicatos.


Juan Rosell y Arturo Fernández

Normalmente no estoy de acuerdo con las opiniones del vicepresidente primero de la CEOE, Arturo Fernández, pero en este caso le tengo que dar la razón: piensa que la patronal debería financiarse únicamente a partir de sus cuotas. Así conseguirían independencia con respecto a los poderes públicos y dejarían de sangrarnos, aunque esto último no creo que les importe. Sin embargo, una encuesta interna entre sus asociados ha constatado que sólo una minoría de los empresarios es partidaria de financiarse sólo con las cuotas de los asociados, mientras que
la mayor parte cree que las aportaciones públicas son un "derecho". Está claro que lo de pagarse todo ellos solos no les convence.

Quizás, Arturo Fernández, haya visto la que se les avecina y se quiera adelantar a los acontecimientos. Nuestro presidente y su gobierno pretenden acabar con la Tripartita. La idea del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy es poner punto y final a la exclusividad de "las organizaciones empresariales y sindicales más representativas" para impartir la formación, facultando también a otros "centros y entidades de formación debidamente acreditados".

Por lo visto lo que se pretende, es que toda la financiación de la formación se privatice y sea repartida entre centros y entidades de formación independientes y debidamente acreditados, prescindiendo de los servicios de CEOE, CC OO y UGT.

Independientemente de quien reciba los dineros para la formación, creo que habría que analizar la idoneidad de los cursos y la eficacia de los mismos a la hora de ayudar a los trabajadores a conseguir un empleo. Hay que vincular estrechamente la actividad formativa con las prácticas en empresas, en orden a seguir trabajando en los lugares en los que se realicen estas prácticas. No podemos seguir pagando un montón de millones en cursos en los que sólo se consiga un diploma para engordar tu currículum, o lo que es peor, que sean un pretexto para financiar actividades que no tienen nada que ver con la formación de los trabajadores o que sirvan para que se enriquezcan cuatro empresas. La transparencia de asignación y el control de estos fondos, así como la estrecha vigilancia del destino de los mismos es fundamental.

Esperemos que el plan del gobierno no consista, a la larga, en cambiar únicamente el destino de unas asignaciones presupuestarias, que bien utilizadas, serían o deberían ser unos de los ejes fundamentales en el proceso de la recuperación del empleo mejorando la productividad de los trabajadores.