domingo, 6 de mayo de 2012

Los Olvidados: Colombia

“¿Cuál es la clave del éxito de Colombia?” se preguntaba recientemente el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en el Foro Invertir en Colombia, celebrado en Bogotá y organizado por El País. Para él, las razones del supuesto éxito, cifrado en un incremento del PIB anual del 4% y una mejora general de los indicadores sociales, se cimenta en "la estabilidad económica, grandes necesidades de desarrollo, garantías jurídicas, legislación apropiada y destacado capital humano". Remataba su optimismo con una frase tan efectista como vacía “La estabilidad macroeconómica es un derecho fundamental de los ciudadanos”. ¿Garantías jurídicas? En el segundo país del mundo con más desplazados internos tan solo por detrás de Sudán ¿Derechos fundamentales? En uno de los países con la más alta tasa de asesinatos de sindicalistas, candidatos electorales y activistas. ¿Legislación apropiada? Apropiada para las multinacionales que se están apoderando de la mayor parte de las tierras productivas.

No hay que negarlo, los indicadores económicos marcan una clara mejoría, Colombia se está modernizando y la situación, digamos bélica, aunque lejos de desaparecer se mantiene a menor escala que en el pasado. En breve se iniciarán los trámites para ingresar en la OCDE y se ha firmado, junto a Barak Obama, el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos. La inversión extranjera supone el 30 por ciento del PIB. Santos representa su papel ante los inversores y los organismos internacionales pero ¿a qué precio?

Hasta mayo de 2011 el Gobierno colombiano registró más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. Algunas ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento consideran que la cifra real desde mediados de los años 80 supera los cinco millones de personas a los que habría que sumar cuatro millones más que huyeron del país. Esto quiere decir, que en el escenario más optimista, el del gobierno, prácticamente una décima parte de la población colombiana sufre o ha sufrido el exilio forzoso dentro de su propio país y a manos de sus compatriotas. A diferencia de los refugiados, que son aquellos que cruzan las fronteras, los desplazados internos no cuentan con un estatus reconocido internacionalmente y no reciben ningún tipo protección y ayuda. Aún así la Agencia de la ONU para los Refugiados asiste a alrededor de 17 millones de personas de los 27 millones que se estima que sufren esta situación en 28 países, incluido, claro está, Colombia. Los pueblos indígenas, que representan poco más del dos por ciento de la población sufren especialmente pues tienen vínculos muy profundos con su territorio ancestral. Además del problema económico, su supervivencia cultural y social depende de este vínculo. Según  la Organización Nacional Indígena de Colombia 18 de los grupos más pequeños están en riesgo de desaparecer.




Pero ¿cuáles son las causas de este destierro? Obviamente el conflicto bélico que asola el país desde hace cincuenta años es el principal culpable. Todas las partes implicadas en este conflicto han empleado la represión sobre aquella población civil que supuestamente ayudaba al “enemigo” atacando de esta manera a comunidades solo por el lugar donde se encontraban. Lógicamente dichos ataques son ya causa suficiente para que miles de personas abandonen su lugar de origen en busca de la paz. Pero la ocupación de las tierras se ha convertido no solo en un medio de lucha si no un fin en sí mismo. Los paramilitares, en ocasiones trabajando para las multinacionales, han ocupado unos diez millones de hectáreas de tierras productivas. El narcotráfico, en el que debemos incluir también a la guerrilla y a los paramilitares, se estima que han usurpado entre cinco y seis millones de hectáreas tanto para cultivo como para crear corredores francos por los que moverse libremente. En el afán gubernamental por atraer la inversión exterior las grandes petroleras ya poseen 19 millones de hectáreas, lo que supone un 30% de las tierras, y las multinacionales de explotaciones mineras como el oro pretenden hacerse con un once por ciento. 


Además de los desplazados la Fiscalía General de la Nación está investigando más de 27.000 casos de desaparición forzada cometidos en los últimos 45 años de conflicto. Como siempre, los más débiles no se libran del infierno, más bien son protagonistas principales: según la ONG Tribunal Internacional sobre la Infancia hay 14.000 niños soldado en Colombia. Recuerden por ejemplo, y si no lo hacen ya lo hago yo, que en la República Democrática del Congo las últimas cifras hablaban de 4.000 niños soldado. 



Tanto la guerrilla como los paramilitares se han terminado convirtiendo en un poder en sí mismo controlando regiones enteras de Colombia. Para financiarse no han dudado en valerse del narcotráfico. A pesar de que desde el gobierno se insiste en que los grupos paramilitares se desmovilizaron con el proceso iniciado en 2003 los grupos sucesores tienen actualmente cerca de 5.700 miembros. Los poderes públicos son, en multitud de ocasiones, cómplices de estos grupos. Ciento ochenta policías fueron encarcelados durante 2011 por presuntos vínculos con grupos sucesores. También se investigó a más de 120 ex miembros del Congreso, siendo condenados casi cuarenta por esta relación en lo que se denominó el escándalo de la “parapolítica”. 

Por si no fuera suficiente con el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares el ejercito es una parte más del problema. En Colombia se habla de “falsos positivos” en aquellos casos en los que los civiles son víctimas de ataques por parte de las fuerzas del Estado y posteriormente son acusados de terrorismo. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia estima que más de 3.000 personas podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado, principalmente por el Ejército, entre 2004 y 2008. Hasta septiembre de 2011 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación estaba investigando 1.622 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado, que involucraban a 2.788 víctimas obteniendo condenas en sólo 77 casos. 

Desde que tomó posesión en agosto de 2010 el actual presidente, Juan Manuel Santos, la situación parece haber mejorado algo, al menos en teoría. En junio de 2011 se promulgó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, en ella se hace un reconocimiento de algunas de las víctimas del conflicto armado y se plantea la compensación y devolución de parte de los millones de hectáreas de tierras robadas. Sin embargo, su puesta en práctica, aunque contara con la buena voluntad de todas las partes implicadas, es compleja. Además la ley excluye a muchas víctimas, ya que solo plantea la reparación económica para aquellas personas que sufrieron abusos después de 1985 y sólo podrán reclamar sus tierras aquellos que las perdieron después de 1991.

Como vemos las fuerzas públicas son parte del problema por acción, por omisión o por connivencia y aquellas personas que luchan por revertir esta situación se ven amenazadas y son asesinadas. Según la ONG colombiana Misión de Observación Electoral, 40 candidatos electorales fueron asesinados durante 2011. En cuanto a sindicalistas se cuentan en más de de 2.900 los asesinados desde 1986 siendo casi 1.000 maestros. Los activistas por los derechos humanos o los líderes indígenas se encuentran en la misma situación y aquellos que intentan denunciarlo publicamente, los periodistas, también están en el punto de mira. Mientras escribo esto un periodista frances, 
Roméo Langlois, ha sido secuestrado por las FARC.

Hubo una época en que las FARC, el ELN, los paramilitares y el narcotráfico eran portada de nuestros periódicos o titulares en nuestros telediarios. En los últimos tiempos, afortunadamente, esas noticias son cada vez menores. Pero no por eso, o quizá precisamente debido a eso, podemos permitirnos olvidarnos de aquellos que más sufren, los que lo han perdido todo, cuando no la vida, a lo largo de todos estos años. De nosotros depende que dejen de estar olvidados.

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