domingo, 4 de marzo de 2012

España, estado católico


En la página web de la Conferencia Episcopal española se puede leer un librito sobre su financiación escrito por Fernando Giménez Barriocanal, Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Fue escrito en 2007. También se pueden consultar unas memorias justificativas de actividades hasta 2009. La verdad es que no están muy actualizados. Bueno, hay una cosa en la que sí se esmeran por mostrar los últimos datos: las aportaciones a la iglesia a través del IRPF marcando su casilla.
        
   
Fernando Giménez comienza exponiendo en su documento algunas críticas que se hacen al modelo de financiación de la iglesia. Una es la reclamación de que la iglesia se autofinancie en pro de la laicidad del Estado y la otra está relacionada con la incompatibilidad ética que supone que la iglesia opere en mercados financieros. Giménez dice que estas posiciones no están basadas en juicios objetivos, sino en prejuicios un tanto trasnochados.

No sé si el vicesecretario quiere decir que lo moderno es el estado confesional, como ocurría en la época de los Reyes Católicos y en la dictadura de Franco, régimen este último en el que la iglesia se encontraba como pez en el agua. Además parece ser que para él también es trasnochado objetar que unos señores que se suponen que siguen la doctrina cristiana inviertan dinero en el mundo especulativo de las finanzas. Todo el mundo sabe y sobre todo en los tiempos que corren que el mercado financiero actúa en pro del amor al prójimo y auxilio al débil.

Ante la objeción que hacemos algunas personas sobre la licitud por parte de la Iglesia de disponer de bienes y dinero en propiedad invocando criterios de pobreza evangélica el vicesecretario nos remite al Código de Derecho Canónico. En su canon 1254 aclara que “la Iglesia puede disponer de bienes para alcanzar sus propios fines”. O sea, ante la crítica de la actitud y comportamiento de la iglesia, ésta contesta que unas leyes que han promulgado y recopilado ellos mismos les legitima para actuar de esa manera. Es como si te dicen que no robes y contestas que lo haces porque está en una ley que has escrito tú mismo para darte permiso. Todo lo que dice el Derecho Canónico es bueno y obligatorio aunque contenga perogrulladas como la anteriormente expuesta.

Después enumera los fines de la iglesia: sostener al clero y sus ministros (en 2007 había 20.000 sacerdotes en España), ejercicio del apostolado (o sea, evangelizar), actividad litúrgica (había 22.700 parroquias en 2007) y ejercer la caridad. La consecución de estos fines es para lo que la iglesia necesita financiación.

Los vigentes
Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español afectan a diferentes temas: asuntos jurídicos, enseñanza, cultura, asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y por supuesto asuntos económicos. Fueron firmados precipitadamente el 3 de enero de 1979, a sólo 6 días del 27 de diciembre de 1978, fecha en que se daba carácter oficial a la Constitución. Estos acuerdos se traducen en la práctica en determinados privilegios como las múltiples exenciones fiscales de la iglesia. En el artículo dos de los asuntos económicos se dice: “El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa”. Esto contradice de todas todas la aconfesionalidad del estado español de la que habla la Constitución. La libertad religiosa no implica que las religiones deban estar subvencionadas y mucho menos que se subvencione sólo a unas determinadas. En el apartado 5 de este artículo 2 también se dice: “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. ¿Para cuándo?


Un crucifijo preside la sala de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza

Otra cosa que me llama la atención del documento de Barriocanal es la justificación de la parte que dedica el estado a su financiación aludiendo a lo que el estado se ahorra. En cuanto a la actividad asistencial el documento dice:”… la Iglesia está asumiendo el desempeño de funciones que en otro caso tendría que tomar a su cargo el Estado”. Nadie le ha pedido a la iglesia que realice la tarea asistencial que hace. Si el estado necesita realizar una tarea, se le asignará una partida presupuestaria y se llevará a cabo, pero bajo el control y la transparencia de cualquier actividad que suponga un gasto con cargo a las arcas públicas. Es absurdo que la iglesia se autoproclame ejecutara de acciones sociales, que sea subvencionada por el estado y que esos fondos sean gestionados de manera autónoma y opaca por la jerarquía eclesiástica.

Además, el documento asegura que una plaza en un colegio público le cuesta al estado 3.518 euros al año, mientras que esa misma plaza en uno concertado cuesta 1.841. Se le olvida al vicesecretario de la Conferencia episcopal los extras que cobran los colegios religiosos, y que escapan al control de la administración, y por supuesto tampoco tiene en cuenta en este cálculo lo que el estado podría obtener del IRPF si se quedara con el 0,7% que se asigna a la iglesia y a otro fines sociales, de los que también se benefician las ONG’s dependientes de la iglesia. Tampoco tiene en cuenta los sueldos de los más de 30.000 profesores de religión y de los capellanes castrenses que corren a cargo del estado.

Por favor, representantes de la iglesia católica, cumplan su promesa y autofinánciense. Los españoles que no profesan su religión no tienen por qué pagarles ni aguantar la discriminación que supone no estar adscritos a la religión mayoritaria.

Y faciliten la apostasía, que hay mucha gente que incluyen como fieles católicos en sus cálculos para justificar su predominio religioso en España y que estarían deseosos de renunciar a su "fe" si no fuera tan extrañamente difícil.