martes, 7 de agosto de 2012

Campo digno, precios dignos

Hace tiempo hablamos de las presiones e imposiciones que reciben nuestros agricultores y ganaderos por parte de las grandes superficies de distribución de alimentos para vender sus productos a bajos precios. En febrero de este año se llegaron a dar casos de diferencias descomunales entre los precios de origen y destino: el precio del repollo y de la zanahoria se multiplicó por 7, el del limón por 9, el de la patata por 10 y el de la cebolla llegó a pagarlo el consumidor 20 veces más caro del precio al que lo vendió el agricultor. Esta es una de las causas principales por las que la renta agraria ha disminuido en un 27,3% desde 2003. Como os imaginaréis, los gobiernos en los que depositamos nuestra confianza para que solucione este y otros problemas están trabajando duramente en ello. ¿Qué están haciendo al respecto? 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con su ministro a la cabeza, Miguel Arias Cañete, va a presentar el 14 de Septiembre en Consejo de ministros la Ley de mejora de la cadena alimentaria, que se supone que introducirá un régimen de contratación para garantizar la equidad en las relaciones comerciales en el sector alimentario y regulará las prácticas abusivas. El anterior gobierno, socialista, ya elaboró un proyecto de ley para la mejora de la cadena alimentaria aprobado en Consejo de ministros el 1 de Julio de 2011. A raí­z de la aprobación, ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias, FIAB y PROMARCA difundieron un comunicado en el que dichas instituciones valoraban positivamente el inicio de la tramitación parlamentaria de la Ley. Ante la necesidad imperiosa de contar lo antes posible con una ley que acabe con la indefensión de los agricultores y ganaderos ante las prácticas comerciales abusivas de las grandes cadenas de distribución, no se entiende que esta ley esté aprobada en Consejo de ministros desde hace más de un año y con el apoyo del sector agrario español y no se haya tramitado.

El actual ministerio está trabajando en un borrador que presentarán después del verano. Esta “nueva ley” ¿se diferenciará mucho de la anterior? En el caso de que sea diferente ¿las asociaciones agro-ganaderas estarán de acuerdo con el nuevo texto? ¿No nos estamos demorando innecesariamente por el rechazo sistemático de un partido a todo lo que hizo el anterior aunque lo haya hecho bien? ¿Por qué no se tramitó la ley elaborada por la anterior ministra, Rosa Aguilar, que contaba con el beneplácito de la mayoría de los representantes agrarios y ganaderos? ¿Esa es la importancia que se le da al campo?

Hasta ahora, para controlar esas escandalosas diferencias de precio entre el origen de la cadena y el que pagamos los consumidores se había hecho muy poco. Hay un observatorio de precios donde se puede constatar la evolución de los mismos. Lamentablemente sólo sirve para eso, para observar: nosotros nos quedamos asombrados al ver lo que nos cuesta la leche, las patatas, los limones y lo poco que les pagan a los productores, éstos se cabrean al recrearse en el tamaño de la injusticia y ya está. Nadie toma medidas al respecto.

La administración siempre ha tenido la posibilidad de investigar los casos en los que se vende a bajo precio, los productos que están por debajo de coste o con venta a pérdidas. Sin embargo, no se tienen noticias de que haya habido una actuación desde Competencia (Economía) en ese sentido. La nueva ley no puede fijar los márgenes en los distintos eslabones de la cadena. Lo que sí puede, y parece que lo va a hacer es establecer medidas y compromisos como está contemplado en el Código de buenas prácticas que establecerá los principios sobre los que han de fundamentarse las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena de valor. Estas relaciones estarán basadas en principios como la transparencia, la claridad, la concreción y la sencillez en el intercambio de información, así como en la equidad, la responsabilidad y la buena fe contractual. Hay una pega con respecto a este “código” que, por otra parte, ya estaba contemplado en la ley del PSOE: su carácter voluntario. No obliga. Esperemos que los incentivos sean atractivos porque cuando se trata de negocios y de ganancias, la buena fe se marcha casi siempre a hacer puñetas.

Economía debe tomar cartas en el asunto y vigilar los márgenes comerciales aunque sea en detrimento de la competitividad. Los grandes grupos de la distribución matan por mantener cuotas de mercado. Debería propiciarse un acuerdo global entre las cadenas de distribución para que llevaran a cabo una política de márgenes responsables y que esta actitud sea apoyada por la Administración. Esta podría dar derecho a utilizar esas buenas prácticas en las campañas de promoción e imagen.

Otra de las medidas que tiene en vista este gobierno y que puede ser positiva en este sentido es una Ley de Concentración de la Oferta con la que se creará un registro nacional de entidades asociativas que tendrán preferencia a la hora de recibir apoyos e incentivos para mejorar la comercialización de sus productos. El ministro Arias Cañete ha declarado que pretende así favorecer el asociacionismo y la concentración de la oferta. Pretende impulsar la integración de las explotaciones en cooperativas de primero y de segundo grado u otras organizaciones con dimensión y capacidad, tanto en la fase de producción, como en las de comercialización e industrialización. La estrategia seguida se basa en la idea de que la concentración de la demanda debe ser contrarrestada por la concentración de la oferta en orden a aumentar el poder de agricultores y ganaderos frente a las grandes superficies. 

En el camino nos encontraremos con algunos inconvenientes: la atomización de nuestro campo con un millón de agricultores y 4.000 cooperativas y la dificultad para pactar precios ya que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia puede impedirlo. La alternativa pasa porque los productores lleguen a controlar también la venta al consumidor, especialmente en la exportación a países emergentes. Pero esto es también un proceso lento. Por eso, la única solución pasa por la fijación de precios mínimos por parte de la Administración. Sin embargo, esta opción será muy difícil de llevar a cabo al atentar contra la fiebre liberalizadora.

La propia Comisión de la Competencia vela por esa “libertad” del mercado y aunque reconoce el aumento del poder de negociación de la gran distribución, no lo ve peligroso en cuanto al precio. Estamos apañaos.


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