viernes, 21 de septiembre de 2012

La España subvencionada

Día a día oímos hablar de la deuda pública, el déficit y la insostenibilidad del sistema. Es la excusa para el continuo recorte de gastos y prestaciones. Obviamente es necesario cuadrar cuentas y de donde no hay no se puede sacar. La cuestión es si recortar sanidad, educación, prestaciones por desempleo o jubilación es la única solución y como va a afectar a nuestro futuro. Si el sistema es realmente insostenible hay que hacerlo sostenible, no destruirlo. Ya hemos escrito en este blog sobre algunos de los destinos del dinero público en forma de subvenciones o gasto directo: los sindicatos, la patronal, la iglesia católica, la televisión pública, la minería, las pensiones, la financiación de los partidos o el sistema autonómico. A todo este gasto, con el que uno puede estar de acuerdo o no, se le supone una función pública o social. Sin embargo, se sorprenderían de la cantidad de empresas del sector privado que son subvencionadas con dinero público. Por no hablar de la proliferación de entes o empresas publicas que llevan a cabo una actividad que podría considerarse más propia del sector privado. Esto me lleva a hacer una pregunta ¿es que en España no hay nada rentable?


La empresa de este tipo ha recibido más de 100 millones de euros en subvenciones

A pesar de los recortes, las sociedades mercantiles recibieron el año pasado algo más de 4.000 millones en subvenciones por parte de las administraciones públicas, tanto estatales como autonómicas. Esto supone un incremento del 4,5% respecto a 2010. Las grandes beneficiadas fueron las grandes empresas puesto que la cantidad destinada a subvencionar la actividad de las pymes en 2011 fue de 2.639 millones de euros, un 8% menos. Haciendo una cuenta sencilla nos sale que las grandes empresas vieron aumentadas sus ayudas en un 12,5%. A estas ayudas hemos sumar las destinadas a la actividad de autónomos y entidades no mercantiles, como fundaciones, cooperativas, asociaciones o universidades, que se mantuvo estable con 5.317 millones concedidos. En total algo más de 9.000 millones de euros, casi igual que el último recorte en educación y sanidad ¿lo recuerdan?

Un ejemplo, ¿Cómo creen que se sustenta el modelo low cost de Ryanair que tanto está de moda últimamente y no para bien? ¿Piensan que sus bajos precios se deben a su renuncia de beneficios, a la innovación o la creatividad que les permite ajustar costes? Quizá haya algo de esto pero la gran verdad es que el crecimiento de Ryanair en España se debe, en gran medida, a la política de subvenciones de las Comunidades Autónomas que, en un intento de captar turismo, pagan a las compañías aéreas para que aterricen (y despeguen) de sus aeropuertos. Pueden leer más en este interesante análisis de Arturo Criado que, además, nos muestra como el aumento de las ayudas no ha llevado aparejado el de turistas o usuarios de los aeropuertos en cuestión. El caso es que esta práctica está prohibida por la UE pero en España se camufla en partidas de promoción del turismo dando lugar a que algunas compañías de dudosa reputación elijan determinados destinos en función de estas contribuciones públicas. ¿Cuántos casos habrá como este?

En mi opinión si una empresa privada no es rentable esta no tiene razón de existir. Y si su actividad realmente es imprescindible debe ser la administración quien la asuma directamente en lugar de subvencionarla para hacerla rentable y, en muchas ocasiones, enriquecer a sus propietarios. De esta manera se evitarían favoritismos e injusticias en la gestión de las ayudas. El caso de Spanair, volviendo a las aerolíneas, es sangrante. El empeño de la Generalitat de hacer de la compañía aérea un símbolo de su región no hizo si no mantener la respiración artificial de una empresa absolutamente deficitaria que malvivía a base de las ayudas. Cuando estas cesaron tuvieron que cerrar con deudas de 508,6 millones y créditos por valor 78,8 millones, cuando sus activos sólo están valorados en 53,8 millones

Empresas públicas


Alrededor de 3.000 compañías dependientes de las tres administraciones acumulaban en el primer trimestre de este año una deuda cercana a 55.000 millones de euros. Las empresas públicas estatales deben 32.000 millones de euros; las autonómicas casi 13.870 millones y las locales 9.328 millones. No parecen un ejemplo de buena gestión ¿verdad? ¿Estarán justificadas estas cifras por su labor social?

La finalidad de las empresas públicas debería ser, en principio, cubrir los fallos del mercado y llegar hasta donde no llega la iniciativa privada o bien razones estratégicas o de desarrollo regional. Asimismo ese es el motivo de las subvenciones a las empresas privadas, reforzar determinados sectores que se consideran necesarios o aportar un valor añadido a la sociedad.

Pero las empresas públicas no se pueden convertir en agencias de colocación, producir bienes para los que no hay demanda ni verse manipuladas por razones de conveniencia o favoritismo político. Una cosa es que, como bien social, su fin último no sea la rentabilidad y algo muy distinto que se muevan ajenas a la realidad económica como demuestra esa deuda conjunta de más de 55.000 millones de euros. Se deben regir por criterios de mercado que las hagan lo más eficientes posibles dentro de su fin social. La transparencia debe primar en todas sus operaciones para así no convertirse en pozos sin fondo donde las administraciones gasten sin el control parlamentario preceptivo. Y un punto importante: sus consejos de administración deben estar formados por profesionales de prestigio y experiencia en el sector en cuestión y no en base a cuotas de poder político. Recuerden el caso de Bankia donde había un político por cada cincuenta trabajadores.



No tengo tiempo ni espacio suficiente para detallar aquellas subvenciones, ayudas o empresas públicas que no cumplen todos estos requisitos pero seguro que todos conocemos ejemplos más que de sobra. En general estamos de acuerdo en que hay que optimizar estos recursos y que no se ha hecho de la manera más adecuada. Parece que se rigen por la máxima de que “el dinero público no es de nadie”, como dijo la ex ministra de cultura Carmen Calvo, y en España ya sabemos que lo de asumir responsabilidades es un quimera. Pero hay una cuestión que me preocupa y entronca con la pregunta que me hacía al inicio. Casi todos pensamos que sobran funcionarios, que sobran cargos públicos, que hay subvenciones a empresas que son totalmente injustificadas y que el número de empresas públicas está sobredimensionado. Pero si reducimos las subvenciones, las empresas públicas o el número de funcionarios no hay, ni por asomo, actividad privada que absorba esa demanda de puestos de trabajo. De hecho, entre 2007 y 2011 el empleo público, a pesar de la crisis y los recortes continuos, aumentó un 10% mientras que en el sector privado experimentó una caída del 14% como pueden leer más a fondo en Nada es Gratis. Entonces ¿Quién crea empleo en España?