jueves, 11 de octubre de 2012

Los políticos quieren controlarlo todo, incluido la ciencia

Esta entrada nace de la denuncia de Transparencia Internacional sobre la excesiva politización de los órganos de control en España y de una "charla tuitera" del que esto escribe con la consejera de Salud y Bienestar Social de Andalucía, María Jesús Montero, a la cual quiero agradecer su cercanía, respecto al Comité de Bioética de España. Es curioso como hay temas que apenas salen a la palestra en los medios de comunicación o, si lo hacen, es de forma tangencial. Naturalmente apenas se han oído, excepto por parte de los expertos, voces discordantes respecto a este asunto y los que lo han hecho quizá lo hagan movidos por los mismos intereses partidistas que denuncian. Me llama la atención esta falta de interés social teniendo en cuenta que el Comité en cuestión debe deliberar, aconsejar y asesorar al gobierno sobre materias que nos afectan directamente como el estatuto del embrión humano, la interrupción voluntaria del embarazo, la reproducción médicamente asistida o la suspensión de la atención al paciente terminal. Parece que en España los políticos quieren controlarlo todo, incluido la ciencia.



Para ponernos en antecedentes conviene saber que el Comité de Bioética de España es un "órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo, que desarrollará sus funciones, con plena transparencia, sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud". Quedó constituido el 22 de octubre de 2008 y está adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación. 

La cuestión es hasta donde llega la supuesta independencia, representatividad y pluralidad de la que debería hacer gala un órgano como este. Me parece fundamental el sistema de elección y nombramiento de sus miembros. Por ello creo que adolece de todo esto desde el momento de su constitución puesto que el Ministerio de Sanidad y Consumo nombra a sus 12 miembros de la siguiente manera: seis a propuesta de las Comunidades Autónomas, una por el Ministerio de Justicia, otra por el Ministerio de Educación y Ciencia, tres por el Ministerio de Sanidad y Consumo y una final por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. No hay que ser agorero para sospechar que dejar la independencia y pluralismo de un órgano como este, nombrado a propuesta de los gobiernos estatal y autonómicos, a la buena fe es poco menos que una temeridad cuando no una utopía. En una situación como la actual, en que un mismo partido Gobierna en el Estado y la mayoría de las comunidades autónomas, ya pueden imaginar cual es el resultado. Pero, independientemente de la coyuntura, no habría problema  si el sistema de elección fuera totalmente objetivo e independiente del resultado de las urnas.


Por supuesto todos sus miembros deben ser elegidos entre personas acreditadamente cualificadas del mundo científico, jurídico y bioético. Hasta ahí todo correcto, sólo que en ningún sitio hay constancia del baremo para medir dicha acreditación. Es decir, otro tanto para la subjetividad y, por lo tanto, una puerta abierta al partidismo. Por supuesto, con esto no estoy poniendo en cuestión a los miembros del comité, los cuales, hasta donde yo se, son profesionales reconocidos, si no a aquellos que legislan. Quizá habría sido más correcto decidir el origen concreto del que debían provenir como colegios profesionales, universidades, asociaciones... que fueran estas las que propusieran a su candidato y el Parlamento quien lo sancionara, no el Ministerio de Sanidad.

Podríamos fijarnos en cómo se ha solucionado esta cuestión en otros países, creo que de manera más representativa. En Suecia, por ejemplo, el Comité Nacional de Ética Médica cuenta con siete miembros designados por los partidos políticos con representación parlamentaria y once expertos designados cada uno de ellos por los organismos representativos de los médicos, la iglesia luterana y la católica, los filósofos, los artistas, los abogados, los discapacitados, los Ministerios de Salud y de Asuntos Sociales, el Consejo Nacional de Salud y Bienestar, y la Federación de Municipios; En Bélgica hay miembros nombrados por la Corona a propuesta de las Universidades y los Colegios médicos así como representantes de la Magistratura y la abogacía y miembros designados por el Gobierno central y por las Comunidades flamenca, valona, bruselense y de la zona de habla alemana. Es decir, una mezcla entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y la representación social y disciplinar.

No hay que olvidar que un comité de este tipo es un órgano de deliberación y para que haya deliberación debe haber divergencia de opiniones. Debería ser un centro de debate de las diferentes tendencias sociales y los distintos enfoques que, sobre un tema, puedan aportar las distintas ramas humanísticas o biomédicas de la ciencia. Un lugar de encuentro cuya función es aportar luz ante los crecientes dilemas éticos y morales que los avances médicos y científicos plantean. Para nada debe convertirse en un foro de enfrentamiento político y lucha de poder entre gobierno y oposición o Estado y Comunidades Autónomas como, según parece, nos vemos abocados en todos y cada uno de los debates que se establecen en España tal y como ocurre con la Educación.

El problema lo encontramos, a mi entender, en la obsesión de los partidos políticos españoles por controlar y estar presentes en todas las esferas públicas. Así vemos como desde el gobierno, e indirectamente el partido que lo sustenta, se nombra a los miembros del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal de Cuentas, al presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o al de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El error, o el engaño, es creer que la mayoría parlamentaria representa a la sociedad y por lo tanto sus nombramientos son igualmente representativos cuando lo que realmente representan es, única y exclusivamente, a la mayoría de los votantes y no al conjunto de la sociedad.