La viabilidad de las pensiones

En 2009 el BBVA realizó una encuesta en España que revelaba que el 75% de los españoles piensa que el Estado tiene mucha responsabilidad a la hora de asegurar una pensión suficiente para las personas jubiladas, frente a un 22,4% que considera que tiene “bastante” responsabilidad y sólo un 2,6% que considera que tiene “poca” o “ninguna” responsabilidad. También reveló que el 75,1% de la población considera que el Estado tiene que tener la responsabilidad principal de asegurar un nivel de vida digno a los ciudadanos y que un 58,7% de los encuestados prefieren una sociedad con un amplio sistema de seguridad social, aunque ello implique tener que pagar impuestos altos. Si las preferencias de los ciudadanos son éstas, entonces ¿por qué los políticos se empeñan en empeorar nuestro sistema público de pensiones? ¿es verdad que es inviable mantenerlo como claman algunas voces? 

Los que dudan o niegan la viabilidad de nuestro sistema de pensiones arguyen que debido al descenso de la natalidad, al incremento de la esperanza de vida, al aumento del número de desempleados, a la tardanza de los jóvenes en incorporarse al mercado de trabajo y a la tendencia a reducir la edad de jubilación hay cada vez más jubilados a los que pagarles la pensión y menos gente cotizando para pagar esas pensiones. Según las previsiones del Banco de España y de la Comisión Europea el gasto en pensiones en relación al PIB en 2010 suponía el 7,6% y en 2060 este porcentaje será del 14%. Esto, según los detractores del sistema actual, hará que la sociedad no pueda hacer frente a esos gastos pues restarán recursos necesarios para otras actividades, programas o servicios a la población no pensionista. Son éstos los argumentos de los que se hizo eco el gobierno de Rodríguez Zapatero para aumentar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y para aumentar el período de cómputo de la cuantía de la pensión.

Valeriano Gómez, ex ministro de Trabajo

Pues bien, aunque en 2010 España dedicó un 7,6% del PIB a las pensiones, en 1960 dedicó sólo un 3%. Es decir, hace 50 años España dedicaba menos de la mitad del PIB para pagar las pensiones que ahora. Sin embargo, en la actualidad tenemos muchos más recursos para los no pensionistas de los que teníamos entonces. Esto contradice la postura pesimista de que nuestro sistema actual nos llevará a la quiebra en un futuro. Además, los análisis que llegan a conclusiones catastrofistas sobre las pensiones parten de supuestos sin base científica como por ejemplo considerar más del doble la subida de las pensiones con respecto al crecimiento del PIB. Pareciere que se establecen interesadamente unas hipótesis para obtener “unos resultados deseados”.

Es más, la justificación de la futura quiebra del sistema basada en el porcentaje del PIB que dedicaremos a pagar las pensiones olvida considerar el impacto sobre el mismo del incremento de la productividad en los años venideros. Es decir, que aunque dediquemos el doble de porcentaje del PIB que ahora en 2060 a pagar las pensiones, el crecimiento de la productividad en todos esos años hará que la cantidad que nos sobra para lo que no son pensiones sea muchísimo más alta que la que dedicamos ahora. 

Es curioso que los defensores de la futura caída de nuestro sistema de pensiones se equivoquen continuamente en sus predicciones. En el año 2000 hubo un superávit en la seguridad social del 0,4% y en 2005 de un 1,1%. Todos los autores pronosticaron que habría déficit.

¿Por qué ese interés en meternos miedo con estudios manipulados que realizan previsiones que después no se cumplen? Los fondos privados de pensiones son un atractivo negocio beneficiado por las desregulaciones financieras y la aparición de las nuevas tecnologías. Estos son utilizados por los bancos en los mercados financieros para obtener una alta rentabilidad, de la que sólo una parte marginal revierte en el ahorrador. El sistema público de pensiones es la principal traba del éxito del negocio. No es casualidad que los que propagan las noticias de la inevitable quiebra del sistema sean voces vinculadas al sector bancario o financiero y poseedores de rentas altas. Para los bancos es un negocio y los poseedores de rentas elevadas son los más beneficiados por las injustas y caras desgravaciones que acompañan a estos fondos (representan el 4% de lo recaudado por IRPF). Además, cuando quiebran, ya está ahí el dinero público para rescatarles. En EEUU, los fondos privados quebraron en 2006 y el organismo público PBGC (Pension Benefit Guarantee Corporation) fue el que hizo frente a esos pagos.

La sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones depende de la cantidad obtenida de las cotizaciones sociales. Su mantenimiento, e incluso su mejora se consigue por medio del aumento del empleo, pero no un empleo precario de bajos sueldos y de baja productividad. Los sueldos bajos implican menos cotizaciones sociales. Hay que incentivar la creación de empleo de calidad.

También debe aumentar el empleo femenino. Si en España las mujeres trabajaran en la misma proporción que en Suecia habría tres millones más de trabajadoras pagando impuestos y cotizando a la Seguridad Social. Para ello es fundamental luchar por la conciliación entre familia y trabajo, desechando actitudes machistas y fomentando desde las instituciones una política de beneficios y ayudas que faciliten la incorporación de la mujer al trabajo. En adición, cualquier medida que fomente la natalidad es muy positiva en la tarea de hacer viable nuestro sistema de pensiones.

Está claro también que la lucha en contra de la economía sumergida es uno de los pilares de la política pro-pensiones públicas. La persecución del defraudador debe ser implacable y que alcance todos los niveles, empezando por los paraísos fiscales. 

Y no me gustaría terminar sin hacer alusión al efecto positivo de la igualitaria distribución de la renta en el mantenimiento del equilibrio financiero de las pensiones: la disminución de los salarios reales y la distribución privilegiada a favor de los beneficios reduce considerablemente las cotizaciones sociales. En los últimos 30 años la participación de los salarios en la renta ha bajado más de 10 puntos porcentuales.

Lamentablemente, los políticos llevan décadas haciendo prácticamente lo contrario de lo que propongo y por eso dicen que el sistema es insostenible. Se dedican a destruir empleo y a fomentar el empleo precario y de salarios bajos. Se toman medidas que disparan la desigualdad y la especulación y se reduce el gasto social. Estas prácticas han llegado a límites insospechables con el gobierno actual de Mariano Rajoy. Al final y si no lo remediamos conseguirán hacer verdad lo que proclamó hace unos días el ex presidente Aznar. Aquello de que “el estado del bienestar es insostenible”.