Libros de texto: precios sin competencia

Los precios de los libros de texto suben un 2,39% en el curso que comienza, alimentando así el negocio que año tras año hacen las editoriales a costa de los sufridos progenitores en su empeño por dar a sus hijos la mejor educación. Además, las Administraciones públicas van a reducir sus ayudas a las familias para la adquisición de libros de texto en más de un 75%, lo que dejará reducidos los más de doscientos millones de euros del año pasado a unos cincuenta millones de euros o menos. Lo que quiere decir que de financiar cerca del 25% del gasto de las familias en libros educativos se va a pasar a poco más del 5%. Este reparto de ayudas, ya mermado considerablemente, se realizará de forma desigual por el desequilibrado sistema español de transferencia educativa a las comunidades autónomas.

Teniendo en cuenta la situación de recesión en la que nos encontramos acentuada por la política de recortes de los diferentes gobiernos de España, esto será otro duro golpe a las economías domésticas en claro detrimento del consumo interno y de la salida de la crisis real. De hecho, según la Confederación Española de Asociación de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y la Asociación Giner de los Ríos uno de cada tres niños en edad escolar tendrá serias dificultades este curso para llevar al colegio los libros de texto.

Todos los años se genera el mismo debate por estas fechas. Primero comienza la competición de padres en la que gana el que más haya pagado por los libros de su hijo, sobre todo cuanto más pequeño sea el chaval: ganan los de infantil. Después llega la retahíla de comentarios: lo caros que son, por qué no te valen de un año para otro, que si hay libros que después de comprarlos no se han utilizado durante el curso, las dichosas fichas de un solo uso, que si hay comunidades en las que son gratis…

El caso es que este año si no tienes la suerte de vivir en Navarra, o en Andalucía, comunidades con programa de gratuidad de libros de texto, o tu hijo va a un colegio público de Euskadi, todo acaba con el doloroso sablazo hasta que el curso siguiente se vuelva a repetir la secuencia. ¿Por qué los libros salen tan caros todos los años?, ¿por qué no se extiende el programa de gratuidad a todas las comunidades autónomas evitando la discriminación de los alumnos de determinadas comunidades?

El pasado curso escolar, el 2011-12, según los datos de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) que agrupa al 95% de las editoriales de libros de texto, la facturación ascendió a casi 900 millones de euros. La comunidad autónoma donde más se facturó en 2011 con diferencia es Madrid con 171 millones, que seguía la modalidad de ayuda directa según la renta familiar, y la que menos Castilla-La Mancha cuando tenía programa de gratuidad mediante préstamo con sólo 21 millones. Se trata de un negocio muy lucrativo. Representa casi el 30 % de la facturación total del sector editorial. Además, es más lucrativo en el sistema de ayudas directas que en el de préstamo ya que en éste los libros se reutilizan durante una serie de años.

La gratuidad de los libros de texto se puede conseguir de diferentes formas. Mediante ayudas directas a las familias, el préstamo o desarrollando la administración contenidos didácticos propios. La inversión pública, que ya era escasa, como he detallado al comienzo, se ha reducido considerablemente. Algunas administraciones han intentado desarrollar contenidos gratuitos digitales para reducir el coste de los libros de texto. Esta tendencia ha sido fuertemente criticada por los editores llegando a decir que es una práctica delictiva comparable a la piratería. Sólo Andalucía presenta actualmente un programa de gratuidad de libros en todos los niveles basado en el préstamo para el curso que comienza.

Está claro que a las principales editoriales les interesa que esto siga así. Es lógico. Su negocio se basa en la compra obligatoria de su producto año tras año. Las administraciones no toman medidas al respecto, ni insisten en materiales propios, ni imponen precios máximos a las editoriales, ni sacan concursos en los que imponer sus condiciones, ni promueven el intercambio de libros.

¿Quién se beneficia de este sabroso negocio? Uno de ellos es la iglesia católica que además de obtener unos cuantos miles de millones de euros al año de las arcas públicas, gestiona 2.400 centros en los que se piden comprar libros de sus propias editoriales. Sí, la iglesia católica controla grupos editoriales millonarios. Los principales son el Grupo SM de los marianistas, el Grupo Edebé de los salesianos y la Editorial Edelvives de los maristas. El grupo Bruño que era de los Hermanos de La Salle fue vendido en 2001 al grupo francés Hachette que también posee el grupo Anaya.

Moralmente, según la Iglesia católica, el Código de Derecho Canónico les autoriza a hacer negocio. En su canon 1254 aclara que “la Iglesia puede disponer de bienes para alcanzar sus propios fines”. En este caso en el que 1 de cada 3 familias no podrán pagar los libros no sabemos cómo resolverán la paradoja doctrinal. Por un lado pueden hacer negocio con lo de los libros, pero por otro deberían ayudar a esos niños que no pueden pagarlos. ¿Se los regalarán?

El otro agraciado del negocio editorial de los libros escolares es el grupo Prisa, uno de los grupos de comunicación más importantes de España. Este es dueño de la editorial Santillana entre otras.

Por otra parte, como sabéis la educación en España está transferida a las comunidades autónomas. Esto genera desigualdades entre los ciudadanos españoles dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivan. Un ejemplo de ello es precisamente la forma de adquirir los libros de texto para los cursos escolares: en un principio y sucesivamente unas comunidades optaron por el préstamo: los libros los pagan las administraciones y cada cuatro años son sustituidos por libros nuevos. Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Andalucía, Extremadura, Navarra, Canarias y Baleares eligieron esta modalidad.

Otras comunidades han ido optando por las ayudas directas a las familias para su compra, dependiendo la concesión de la ayuda en muchas de ellas de ciertos criterios, como la renta familiar: Cantabria, Asturias, Valencia, Murcia, Castilla-León y Madrid. Esta última siempre ha sido la más restrictiva. De ahí la exagerada facturación de las editoriales en esta comunidad.

Las condiciones y las cantidades de las ayudas, así como la modalidad han ido cambiando a lo largo del tiempo de forma diferente según la comunidad, el gobierno de turno que esté ese año, la situación económica y las ganas y efectivos que quieran disponer para ello los gobernantes del momento.

Para este curso que entra, el 2012-13 en la mayoría de las comunidades se ha reducido el presupuesto para libros de texto de una forma escandalosa tanto en la aportación estatal como en la autonómica y presentan una variedad que resulta abrumadora: desde el sistema de préstamo para familias de especial necesidad, todavía sin concretar a 5 días del comienzo de curso, de Madrid y Castilla-La Mancha, pasando por los exiguos 120.000 euros para ayudas en Baleares, los 28 millones de presupuesto de la Comunidad Valenciana y los 85 millones que se gastará Andalucía, cuyo Estatuto sigue garantizando el derecho universal a libros gratuitos. Incluso hay comunidades como Cataluña y Castilla-León en las que todavía no se tienen noticias de sus ayudas. Caso llamativo también es el de Fuenlabrada, municipio de Madrid, que cubrirá las becas de libros de texto que la Comunidad de Madrid deje de subvencionar.

La importancia de la educación en España se relativiza en un país con una variedad de políticas que atentan contra la igualdad de oportunidades y que promueven las diferencias en derechos fundamentales como la educación y la sanidad. Estas políticas rezuman improvisación y dejan entrever la escasa prioridad asignada a un aspecto tan importante para el crecimiento de un país como es la formación de sus ciudadanos. No es justo que en un mismo país exista tal disparidad de modelos y mecanismos de ayudas a la enseñanza concediendo diferentes oportunidades a los chavales dependiendo únicamente del sitio donde vivan. Tampoco es de recibo que unas empresas se enriquezcan a costa de las economías domésticas aprovechándose de la obligatoriedad de la compra de un producto tan importante en el proceso educativo de los futuros pilares de nuestra sociedad.

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