martes, 24 de enero de 2012

A vueltas con Garzón, a vueltas con la Justicia

Como si del día de la marmota se tratase una semana después de iniciarse el primer juicio contra Garzón por un presunto delito de prevaricación se inicia hoy el segundo juicio por el mismo delito supuestamente cometido durante otra investigación judicial. Y asimismo nos encontramos las mismas reacciones en políticos, periodistas y ciudadanos en general.

Esta mañana se despachaba Juan Ramón Lucas en el inicio del informativo de las siete con un Garzón se sienta de nuevo en el banquillo de los acusados por investigar el franquismo. También El País titula, de forma análoga, "Garzón vuelve al banquillo, ahora por investigar los crímenes franquistas". Pues bien, no se si volver a escribir sobre el tema o reproducir íntegramente lo que escribí hace una semana. Una cosa es que te provoque simpatía la investigación iniciada por Garzón contra los crímenes del franquismo y, en la misma medida, antipatía sus denunciantes (Manos Limpias, Libertad e identidad y Falange Española)  y otra muy distinta acusar al Tribunal Supremo de procesarle por investigar las desapariciones durante el franquismo. No veo muy lógico defender la justicia, o sea, la investigación de Garzón, atacando a la justicia, es decir, al Tribunal Supremo. Como dicen popularmente, desvestir a un santo para vestir a otro.

Al igual que indicábamos en la denuncia a Garzón por sus actuaciones en la investigación de la trama Gürtel, obviamente el Tribunal Supremo no le juzga por investigar el franquismo si no por un presunto delito de prevaricación, que como todos saben es algo un tanto subjetivo como  dictar a sabiendas una resolución injusta. La acusación se basa en el inicio  y continuación por parte de Garzón de unas diligencias sobre las desapariciones del franquismo atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescrito, estaban amnistiados y que, además, no eran competencia de la Audiencia Nacional.

Que la querella esté promovida por el colectivo Manos Limpias, dirigido por uno de los responsables de Fuerza Nueva, por la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española, aunque este último fue expulsado del proceso por el juez Varela por haber presentado fuera de plazo el escrito de acusación, no hace si no dar munición a los que son contrarios a esta causa. También el hecho de que la Fiscalía se manifestara en contra y pidiera su archivo. Pero no hay que olvidar que un delito, si lo hubiere, tiene la misma consideración legal independientemente de quienes sean los denunciantes y quien el denunciado aunque moralmente no sea lo mismo. Eso se llama igualdad ante  la ley.

Por otra parte no hay que olvidar que es el Tribunal Supremo quien le juzga y que en febrero de 2008 la Fiscalía de la Audiencia Nacional emitió un informe en el que advertía que no era competente para investigar las desapariciones, que el delito de lesa humanidad no estaba en vigor cuando se produjeron los hechos y que sería aplicable la Ley de Amnistía de 1977. Aún así Garzón ordenó distintas diligencias como pedir certificaciones de defunción de 35 personas "a los efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento", formar un grupo de expertos y de Policía Judicial y autorizar exhumaciones. Se puede decir con toda seguridad que pretendía lograr, por decirlo de algún modo, una sentencia moral que en alguna medida compensara a todas aquellas víctimas del franquismo que no habían conseguido una compensación judicial.

Pero como las leyes no entienden de sentimentalismos y en multitud de ocasiones lo legal no siempre va de la mano de lo lícito nos encontramos de nuevo con Baltasar Garzón sentado en el banquillo de los acusados puesto que, con las actuaciones anteriormente mencionadas, ha dado una base legal a sus denunciantes.  Y con esto no pretendo atacar a Garzón ni dar crédito a los que le  denuncian si no defender la independencia judicial. Es por ello que una semana después vuelvo a pedir, sobre todo a los personajes públicos, mayor responsabilidad en las declaraciones y no desprestigiar aun más a una Justicia cada vez más politizada y con escaso crédito entre los ciudadanos por culpa de esos políticos que la critican o alaban según sea su conveniencia.