Ley del aborto: volver a empezar

El ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, ante la inminente reforma de la ley del aborto ha dicho en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que existe una violencia de género que obliga a las mujeres a abortar y que el PP va a proteger la dignidad de la mujer con uno de sus derechos fundamentales que es el derecho a la maternidad. El ex alcalde de Madrid ha llegado a decir que las mujeres embarazadas son presionadas para que no tengan los hijos por algo tan etéreo e impreciso como el entorno o determinadas estructuras. 

Gallardón expuso que ninguna embarazada se debería ver obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social. Dice que el PP va a insistir en la formación, en la información, en la prevención y en la promoción de la inserción socio laboral de las mujeres embarazadas, y en establecer garantías para conciliar su vida laboral, personal y familiar. Y yo me pregunto ¿es incompatible aplicar esas medidas con la ley actual del aborto? Está claro que no. 

En 1985, se despenalizó el aborto en las primeras doce semanas de gestación en los supuestos de violación; hasta 22 semanas en caso de riesgo de malformaciones en el feto; y sin límite en el supuesto de riesgo para la salud física o mental de la madre. Las personas especializadas en la práctica de abortos realizaron una interpretación amplia del supuesto de peligro para la salud psíquica de la embarazada, agarrándose al concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que la define, no como la forma clásica de ausencia de enfermedad, sino como “bienestar fisico, psíquico y social”. Así, la gran mayoría de situaciones de conflicto personal de la mujer embarazada ante un embarazo no deseado, podían incluirse en el supuesto terapéutico. Esto, en la práctica, supuso un coladero por el que toda mujer que deseara abortar podía hacerlo y además en la semana que quisiera. Es decir, una ley que era una de las más restrictivas de Europa se convirtió en la ley del aborto libre.

En la ley del PSOE de 2010 se establece el aborto libre hasta la semana 14, hasta la 22 en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la madre o el feto y a partir de la semana 22, sólo se puede interrumpir el embarazo en dos supuestos: que «se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida» o que «se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico.

Se ha pasado de una ley de supuestos a una ley de plazos. De los 47 Estados que forman parte del Consejo de Europa, 32 tienen una ley del aborto basada en el sistema de plazos que permite interrumpir el embarazo en las primeras semanas de gestación.

Uno de los aspectos que sepamos, hasta ahora, en los que entra en conflicto la legislación vigente y la nueva ley de Gallardón es la mayoría de edad para adoptar la decisión. La ley actual en su artículo 13 relativo a los requisitos comunes en su apartado cuarto dice que en el caso de mujeres de 16 y 17 años el consentimiento para abortar les corresponde únicamente a ellas. Sin embargo, añade, que al menos uno de sus representantes legales deberá ser informado de la decisión de la mujer. Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.

Existe una parte de la opinión pública que considera el hecho de que una menor tenga toda la potestad para abortar a pesar de la opinión de sus padres una barbaridad. Y yo me sigo preguntando ¿pueden unos padres obligar a abortar a su hija de 16 años? Legalmente no. ¿Por qué cree el ministro de Justicia y su partido que los padres de la chica deberían tener la posibilidad de obligarla a tener el hijo? Es contradictorio decir que las mujeres menores de 18 años no tienen capacidad suficiente para comprender los efectos y repercusiones de un aborto, y sí para ser madres. La interrupción de un embarazo puede acarrear consecuencias psicológicas negativas para la mujer. Pero, para una adolescente de 16 o 17 años ser madre puede tener efectos tan perjudiciales o más que el propio aborto.

A la hora de legislar sobre el asunto creo que hay que tener en cuenta el tema de los abortos clandestinos y el fraude a la norma. El Comité de Igualdad del Consejo de Europa en la resolución 1607 de abril de 2008 se manifestó sobre el acceso legal y seguro al aborto en Europa, cuando en su apartado sexto advirtió a los países europeos que debían respetar este derecho y mejorar las condiciones de acceso al mismo. También se destaca en la resolución que la penalización del aborto no conlleva ni mucho menos una merma de su práctica. Al contrario, el hecho de perseguir penalmente estas conductas supone dar cobertura a las interrupciones del embarazo de forma clandestina. En numerosas ocasiones es la práctica del aborto realizado en condiciones insalubres o por métodos caseros no sometidos a supervisión médica lo que pone en peligro la vida y la salud psíquica y física de las mujeres. En cuanto al fraude legal en el sistema de supuestos ya he hablado sobre él al amparo de la indicación terapéutica. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que la nueva Ley sobre interrupción voluntaria del embarazo dejará los tres supuestos e incorporará unos plazos para abortar en dichos casos. Lo que no explican los responsables de la nueva ley, que parece una vuelta a la de 1985, es si su nueva-vieja ley seguirá siendo un coladero como lo era la antigua, en cuyo caso, pasaríamos de nuevo al aborto libre en la práctica, o será inflexible en el supuesto terapéutico y volveremos a tener una de las leyes más restrictivas de Europa. En este caso, las mujeres que deseen abortar se encontrarán con dos posibilidades: o practicarlo clandestinamente sin garantías sanitarias, o la que tenga capacidad económica hacer "turismo abortivo" e irse a otro país a abortar. Esta última es la disyuntiva que había antes de 1985 cuando el aborto estaba completamente prohibido.

La señora Aguirre, cómo no, termina con una de sus perlitas. Declara que no es posible que se practiquen abortos de hasta 8 meses que son asesinatos. Ya he explicado que la actual ley sólo permite los abortos después de la semana 22 si hay anomalías en el feto incompatibles con la vida o si se detecta en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico. Antes de decir estos exabruptos, la presidenta de Madrid debería informarse más.

Por otra parte, el ministro Gallardón, si es verdad lo que dice en cuanto a defender la maternidad, debería estar pidiendo a gritos la retirada de la nueva reforma laboral que ha implantado su partido. Esta reforma, aceptada por él con su voto, contiene medidas que recortan los beneficios laborales y sociales de los derechos de paternidad y maternidad. Además, la inseguridad laboral con la que se encuentran las futuras madres trabajadoras y sus parejas gracias a esta reforma no es precisamente un estímulo al deseo de tener hijos, sobre todo en embarazos no deseados. Tampoco lo son los recortes sociales y las subidas de impuestos llevadas a cabo por los diferentes gobiernos del PP.

Actualización

En una entrevista publicada por el periódico "La Razón" hoy 22 de Julio, Gallardón ha dicho que la malformación del feto no será ya un supuesto para abortar. El ministro ha afirmado que la legislación volverá a un sistema de supuestos "que no será exactamente el que estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos".

Su justificación: Hay que dar el mismo nivel de protección a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación, que a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades del resto de concebidos.

Entiendo que se cargará el supuesto de 1985 referente a despenalizar el aborto hasta 22 semanas en caso de riesgo de malformaciones en el feto. Como he tratado de explicar, la gente que quiera abortar se agarrará al supuesto de riesgo para la salud física o mental de la madre, que era el coladero de la anterior ley. Si suprimes uno de los supuestos, mayor será la utilización del supuesto de riesgo psíquico.

El ministro Gallardón se aleja cada vez más de las recomendaciones del Comité de Igualdad del Consejo de Europa cometiendo un craso error que sólo tendrá dos posibles consecuencias: empeorar las condiciones de acceso a la interrupción del embarazo promoviendo el "turismo abortivo" o ahondar más en el enorme cinismo de tener una ley por un lado y una realidad completamente diferente por otro.