¿Chantaje al campo español?

Leyendo por ahí y husmeando por allá se puede ir recopilando una colección de quejas relacionadas con los problemas de la agricultura y ganadería españolas. Cuando éramos pequeños dábamos en clase que estas actividades pertenecían al sector primario y en el libro siempre venía un gráfico de esos de quesitos. Siempre, el quesito correspondiente al sector primario era el más pequeño de todos con diferencia. Entonces te preguntabas ¿Pero quién se dedica a la agricultura y a la ganadería, si toda la gente trabaja para el sector de la industria y el de servicios? Te quedabas más tranquilo e incluso sentías cierto orgullo cuando el profe te decía que esta distribución de la actividad económica era propia de los países avanzados. Pero yo siempre me preguntaba si llegaría un día en el que fueras al mercado y no hubiera ni frutas, ni verduras, ni carne ni pescado. ¿Cómo podríamos sobrevivir sólo con los otros dos sectores?

A lo largo de los años hemos sustituido la tienda de ultramarinos y la frutería del barrio por esas grandes superficies en las que puedes comprar de todo a precios sorprendentemente bajos. Si damos la vuelta a la moneda nos topamos con las quejas de la gente que ve cómo se hincha desorbitadamente el precio de los productos desde el origen en el que están ellos hasta que tú lo compras en uno de estos monstruos de la distribución.

Gregorio, agricultor olivarero, denuncia y explica: “El gran comercio no nos respeta, van a mordernos, y además con ansia, con avaricia. A mí una representante de una gran cadena me ha confesado que, si le vienen tres agricultores, averiguan a cuál de ellos le va económicamente peor y le aprietan al máximo las tuercas en el precio”. El umbral de rentabilidad del aceite de oliva virgen extra está en 2,49 euros el kilo, y este año se está pagando a 1,80, con lo que ni siquiera cubre los costes de producción. Consecuentemente los agricultores, especialmente los pequeños y medianos, “están comiéndose las reservas de años anteriores, refinanciándose y dejando de realizar labores en sus cultivos”, con la consecuente pérdida de empleos y de producción, señala Gregorio. Además, la supervivencia del olivar de menor rentabilidad, el que arraiga a la población a las zonas de montaña, está en serio peligro.

Las grandes cadenas comerciales imponen precios y condiciones gracias a que acaparan ya el 41% del consumo de alimentación a través de sus marcas blancas. La agricultura, la ganadería y la agroindustria asociada dan empleo a 1,2 millones de personas y mantiene a la población en el medio rural, el 90 por ciento de nuestro territorio. Su importancia está siendo ignorada, por la lógica implacable de la negociación de precios en origen, principal responsable de que la renta agraria haya bajado en España un 4,5 por ciento el año pasado.          

Otros sectores sufren el mismo hundimiento de precios que el aceite. Es el caso de la leche, donde las 5,1 toneladas producidas esta campaña por unos 20.000 ganaderos no llegarán a cubrir la cuota de 6,4 millones asignada por la UE a España para venta directa a industrias. España no cubre su cuota porque sus explotaciones son menos competitivas que las de otros países y los bajos precios pagados a los ganaderos hacen que no interese producir más. En su día Bruselas fijó a España una cuota de producción baja para que éste mercado fuera la salida para los excedentes de los demás países. Hoy el mercado español es el destino de una gran parte de los excedentes de leche desde Francia a Portugal o de los quesos baratos alemanes ya que nuestro consumo interno es de 9 millones de toneladas. Sin embargo, el precio para el productor sigue bajando, hasta apenas 0,33 euros el litro, y es aún más ruinoso en Galicia, que concentra el 50 por ciento de la producción nacional, lo que está dando lugar ya a movilizaciones. También aquí la cuota de mercado que alcanzan las marcas blancas en los super e hipermercados es del 70% del consumo final de leche, gracias a importes muy reducidos. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) cita un informe de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía en el que se niega una “posición de dominio” de las grandes superficies y se insiste en que todo funciona como “un mercado competitivo”.

En el sector hortofrutícola más de lo mismo. España es líder mundial de exportaciones. La provincia con mayor producción de frutas y hortalizas es Almería. Desde allí, la Coordinadora Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denunciaba el pasado mes de enero que las grandes cadenas de distribución estaban imponiendo rebajas en los precios de entre un 15 y un 20 por ciento sobre las cotizaciones de la campaña pasada, aprovechándose de circunstancias como la pasada epidemia de E.coli en Alemania. Desde ANGED contestan que la gran distribución “no participa en la formación de precios en origen”, puesto que “ni tiene cuota suficiente como para mover el mercado (un 20 por ciento del consumo nacional de frutas y hortalizas, aseguran) ni participa en las alhóndigas, que es donde se fijan esos precios”.

La Comisión Europea aprobó en 2010 un documento en el que se proponían medidas para prevenir prácticas “abusivas”, como la “desigualdad en el poder de negociación”. Sin embargo, son medidas que no tocan la libertad de mercado, limitándose a incrementar la transparencia o controlar las ventas a pérdidas. En la práctica, Europa prosigue el proceso de liberalización de un sector con una tradicional tutela estatal, que poco a poco se va diluyendo. El precio de intervención del aceite desapareció de la legislación comunitaria hace más de una década, y ahora sólo queda como mecanismo de gestión de mercado las ayudas al almacenamiento privado, que fueron activadas el año pasado pero no han logrado frenar el hundimiento de los precios.

En la leche por su parte, la UE ha aprobado el contrato lácteo, que establece condiciones ente el ganadero y el industrial, como el pago en el momento de la compra, y no a posteriori, pero no fija un precio mínimo que garantice cubrir los costes. Al contrario, la UE planea la desaparición de las cuotas por países, lo cual es rechazado desde la COAG porque, según su secretaria general en Asturias, Mercedes Cruzado, “inundaría de leche los mercados y tiraría más por tierra los precios”.

¿La solución? Para muchos, como Leocadio Marín, alcalde de Baeza, es la concentración de la oferta, a fin de aumentar el poder de agricultores y ganaderos frente a las grandes superficies. Ejemplos son Tierra de Sabor en la leche de Castilla y León o Interoliva Picual en el aceite andaluz. Sin embargo, los intentos de concentración no han fructificado hasta ahora y, además, si se quiere pactar precios, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia puede impedirlo. “Competencia nos tiene asfixiados y nos prohíbe unirnos para fijar precios”, denuncia Luis Carlos Valero, de ASAJA, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores. La alternativa puede ser que los productores lleguen a controlar también la venta al consumidor, especialmente en la exportación a países emergentes. Pero esto es también un proceso lento. Gregorio, nuestro agricultor concluye que la única solución urgente pasa por la fijación de precios mínimos por parte de la Administración, algo radicalmente contrario a la liberalización.                     

Los consumidores, hasta ahora, se han visto favorecidos por el auge de las marcas blancas, al abaratarse su cesta de la compra. Es cierto que, en los últimos dos años, el coste de la cesta de la compra en alimentación apenas ha subido un 0,2 por ciento, muy por debajo del IPC, según el Observatorio de Precios del Ministerio de Industria. Sin embargo, el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elaboran conjuntamente la COAG, la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), revela otros datos. A febrero de 2012, el precio de los alimentos en nuestro país se multiplica por cuatro en el camino entre productor y el consumidor. Curiosamente, no se incrementan más los precios de los productos que necesitan mayor transformación en esa cadena, como son las carnes, sino viceversa. Las diferencias más exageradas se dan en los alimentos que apenas sufren cambios entre el campo y la mesa, como la cebolla, cuyo precio se multiplica por veinte, el de la patata, por diez, o el del limón, por ocho. Durante estos años de crisis, además, ese diferencial se ha agrandado, pasando del 4,3 de 2008 al 4,6 actual.

El consumidor se beneficia un poquito del abaratamiento de los precios pero la renta agraria cada vez es más baja y los costes de producción y la pérdida de puestos de trabajo crecen sin parar. ¿No pagaremos con altos intereses en un futuro lo que ahora nos estamos ahorrando?

Entradas relacionadas:

Campo digno, precios dignos

Las ayudas al campo, para quien lo trabaja