La Marcha Negra de los Números Rojos

La "marcha negra" ha llegado a Madrid y cientos de personas les han recibido y se han sumado a sus protestas. Por todas partes se oyen muestras de apoyo y de solidaridad. Luchamos por lo que es nuestro, dicen los mineros; nos sentimos identificados, dicen los que les apoyan desde la barrera. Sinceramente, entiendo el drama personal de cada una de esas personas que ve como su futuro laboral peligra pero no creo que estén luchando por nuestros derechos, están luchando por sus privilegios. Porque privilegio es que, en estos tiempos que corren, la empresa para la que trabajas reciba subvenciones para no cerrar y sus productos sean protegidos por ley o, por muy jodido que sea tu trabajo, lo cual no pongo en duda, te puedas prejubilar con 45 años tras haber trabajado ocho. Yo, personalmente, me siento más identificado con las más de 150.000 pequeñas y medianas empresas que han cerrado en los últimos cuatro años y los más de cinco millones de personas que están en el paro. Más que la marcha negra deberíamos llamarla la marcha de los números rojos. Luchemos por las comarcas mineras pero no por la minería.

Dicen que el gobierno del PP quiere matar al sector. No, si acaso, el gobierno quiere retirar la respiración asistida con la que malvive prácticamente desde que nació. Desde 1990, estructurado en cuatro planes sectoriales, la industria minera ha ingresado un total de 24.000 millones de euros en subvenciones. Es decir, una media de 1.090 millones al año. Las empresas del sector han percibido, durante este período, un total de 5.500 millones de euros en ayudas directas a la explotación. El resto ha ido a parar a prejubilaciones, planes de formación, dinamización económica de las cuencas mineras y ayudas a las empresas usuarias para incentivar la compra del carbón español. A esos 24.000 millones aportados por los planes sectoriales habría que sumar, una vez hecho el cambio, los alrededor de 2.500 millones que supusieron las prejubilaciones, alrededor de 15.000, impulsadas por los gobiernos de Felipe González en los años ochenta. Desde 1990 el número de mineros ha descendido, prejubilaciones e indemnizaciones mediante, de 45.000 personas hasta las 5.000 aproximadamente actuales. La producción ha pasado, en ese mismo periodo, de 19 millones de toneladas a 6 millones de toneladas estimadas para 2012. Como ven se trata de una muerte lenta, mantenida artificialmente, y no de un asesinato como nos quieren hacer creer. 

Sin embargo, estas inyecciones monetarias no se han traducido en un desarrollo económico de las zonas en cuestión. Si todo este dinero se hubiera utilizado para llevar a cabo una verdadera reconversión, modernización y activación económica en lugar de mantener con vida al enfermo otro gallo nos cantaría en este momento. Y digo verdadera porque esto es España y ya nos conocemos. Habría que ver en qué se ha gastado el dinero realmente, cuántas prejubilaciones no habrán ido a parar a personas que no las merecían, cuántas empresas fantasmas se habrán beneficiado de las ayudas con la excusa de la reconversión o cuántos cursos de formación no impartidos se habrán pagado. Qué les voy a contar, en nuestra memoria, reciente y lejana, están los escándalos de los ERE´s, las peonadas, las subvenciones al lino y demás muestras del uso que se hace en España del dinero público. Por supuesto, con esto no estoy criticando a los trabajadores de la minería si no a los que tienen que gestionar nuestros dineros.

A pesar de que el conflicto se ha recrudecido este año con los recortes del PP a las subvenciones, poco oportunos, todo hay que decirlo, el momento clave para entender el problema hay que buscarlo en Diciembre de 2010. Entonces se aprobó, por parte de la Unión Europea, la decisión 787 que entraba en vigor el 1 de enero del 2011. Los puntos básicos son estos: Para 2013 las ayudas se reducirían un 25 % sobre las concedidas en 2011, en 2015 las ayudas se reducirán un 40 %, en 2016 un 60 % y en 2017 un 75 %; el 1 de Enero del 2019 no habrá ninguna explotación minera de carbón en la UE que reciba ayudas o subvenciones; aquellas empresas que sean rentables en 2019 tendrán que devolver todas las ayudas recibidas entre 2013 y 2018. Esto último aboca, en la práctica, al cierre de prácticamente todas las explotaciones puesto que si hay alguna rentable es dudoso que pueda afrontar la devolución de las ayudas y seguir siéndolo. Este calendario fue asumido por todos en su momento, gobierno, oposición y sindicatos, sin que en los medios de comunicación coparan las portadas. La lucha del gobierno en la UE actualmente, se focaliza, más que en mantener las subvenciones en conseguir evitar la devolución de las ayudas.

Otro tema a tener en cuenta es el impacto medioambiental tanto de la extracción como de la utilización del carbón. Y en este punto me asombra como partidos políticos, sindicatos y asociaciones que en general se posicionan a favor del ecologismo y critican, con acierto, el recorte de la inversión de las energías renovables, se muestren partidarias del mantenimiento de la industria del carbón. El carbón es una de las fuentes energéticas que más CO2 emite y su uso contradice las recomendaciones científicas que se hacen para controlar los gases de efecto invernadero. Por ejemplo en 2011, a pesar de la menor demanda de electricidad, la mayor producción a partir de carbón supuso un incremento de emisiones en generación eléctrica de 73 millones de toneladas, un 25% más que en 2010. España tendrá que pagar, o sea con nuestros impuestos, entre 450 y 850 millones de euros para “compensar” el exceso de emisiones de CO2 en el 2011 mediante la compra de “derechos de emisión”. Un gasto más a añadir, en parte, en el debe de la industria del carbón. Su extracción, además, se realiza en parajes naturales como los de Villablino donde subsisten especies protegidas, en peligro de extinción, como el oso pardo o el urogallo. De hecho, algunas explotaciones a cielo abierto del Valle de Laciana en León, han sido declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Justicia en noviembre del 2011 a causa de la destrucción ambiental de especies y montañas protegidas por las directivas ambientales europeas. 

Aún así, si todo esto no les convence, queda el agravio comparativo. Cómo explicamos a las miles de empresas que están quebrando en España desde que se inició las crisis y los millones de personas que han quedado en el paro que para ellos no hay ayudas. Que sus empresas, si son deficitarias, tienen que cerrar. Que si sus productos son caros o de peor calidad nadie va a fomentar su uso. Que si se quedan en el paro tienen que buscarse un trabajo, como todo hijo de vecino y mientras tanto vivir de la prestación, siempre y cuando no nos la quiten.

Al igual que pasa con el resto de recortes creo que no solo deberíamos protestar por ellos, si no también por los derroches previos que nos han llevado a esta situación. En este caso, además de protestar por la reducción de las subvenciones habría que hacerlo por una reconversión industrial ineficaz de las comarcas mineras. Desde 1990, que se iniciaron los planes sectoriales, ha habido tiempo más que suficiente para encontrar una solución y no dilatar en el tiempo una muerte anunciada y sabida por todos. Las comarcas mineras deben ser ayudadas pero no la minería. Las ayudas deben dirigirse a los mineros, a los trabajadores afectados de modo indirecto y a las nuevas empresas, no a indemnizar a los empresarios que se han lucrado manteniendo como rehenes a sus trabajadores y a las comarcas mineras bajo la amenaza del desempleo. No es manteniendo al muerto con respiración artificial como se ayuda a la familia, es asumiendo la defunción y apoyando la transición a una nueva vida sin el finado.