Las ayudas al campo, para quien lo trabaja
Nos encontramos en pleno proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que se aplicará después de 2013. Hasta ahora el reparto de ayudas que ha dictado la PAC no ha gustado a los agricultores. Un 80% de las ayudas que recibe España se queda en manos del 20% de los beneficiarios. Miles de pequeños agricultores reciben menos de mil euros anuales. Por ello causa estupor ver que parte de estas ayudas hayan ido a parar a la nobleza, a clubes de golf, a clubes de tiro, a arzobispados y conventos, a yeguadas, a grandes firmas agroalimentarias, a bodegas, a supermercados, a sagas familiares y hasta a una central nuclear.
La PAC, que en un principio asumía la función de regular el mercado y actuar sobre los precios que percibían los agricultores, a partir de 2003 se convierte en un mero programa de asignación de ayudas o subvenciones. A la política agraria común europea no parece importarle la estabilidad de los precios, ni promover la producción familiar de circuito corto (venta directa del agricultor a las tiendas o en puestos en plazas o carreteras), ni impulsar los sistemas de alimentación locales para reactivar y mantener la economía y el trabajo del entorno agrícola.
La PAC ha dejado caer los precios agrícolas y en realidad no ha habido compensación hacia el sector productivo. Desde 2003 la renta agraria ha descendido un 27,4%. Los que se han beneficiado enormemente de los precios bajos de las materias primas son la industria alimentaria y la distribución.
La reforma de la PAC terminará a finales de 2013 y ya vamos conociendo por donde van a ir los tiros. Desde organizaciones agrarias y otros foros defienden una agricultura campesina; una política agraria que regule la producción interna y que la proteja de las importaciones tiradas de precio. Si no se hace esto los precios internos se vincularán a los mundiales que siempre han tenido y tendrán tendencia a la baja por lo que nuestros precios navegarán en la inestabilidad y no serán rentables para nuestra agricultura. La propuesta de la futura PAC no recoge esta necesidad.
Otra de las preguntas clave es la de cómo se repartirán las ayudas después de 2013. Por lo que se deduce de los primeros borradores que describen la política agraria futura las ayudas las seguirán recibiendo los mismos. Los agraciados recibirán más o menos dinero dependiendo del número de hectáreas que posean. Esto a pesar de que el Tribunal de Cuentas Europeo alertó el año pasado de que este criterio de reparto permitía que se beneficiaran quienes “no desempeñan actividad agrícola o lo hacen de forma insignificante” y de que el comisario de Agricultura de la UE, Dacian Ciolos, expresara su preocupación por el reparto de subsidios entre los que él llama “agricultores de salón”.
La propuesta europea que se discute estos días veta la concesión de pagos directos a aquellos perceptores que ingresan menos de un 5% de su renta total por actividades agrícolas y siempre para ayudas superiores a 5.000 euros. El Tribunal de Cuentas Europeo considera que ese tope del 5% dirigido a excluir a “aeropuertos, compañías ferroviarias, inmobiliarias y empresas de gestión de instalaciones deportivas” no impedirá que aquellas personas que no ejerzan, o solo marginalmente, una actividad agraria se beneficien de los pagos directos. Tampoco está muy de acuerdo con la medida la organización agroganadera Asaja, pero por otros motivos. “Puede dejar fuera a algunos agricultores por el hecho de percibir rentas mayoritarias de otros sectores productivos”, dice Ignacio López, director Internacional de Asaja.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) también discrepa de la forma de reparto. Esta cree que el tope debería establecerse de otra manera, con la vista puesta en la producción. La UPA aboga porque no cobren los que ingresan con la venta de sus productos agrícolas menos del 25% de su renta total. De esta forma los agricultores de verdad quedarían distinguidos del resto.
El miedo a la concesión de ayudas vinculadas a la producción viene de lejos. En los años 80 surgió el problema casi permanente de la sobreproducción. Los excedentes de los principales productos agrícolas debieron exportarse (con ayuda de subvenciones) en el mejor de los casos, o donarse a países en vías de desarrollo o incluso almacenarse o destruirse dentro de la UE. El coste presupuestario de estas medidas fue muy elevado, además provocaron distorsiones en algunos mercados mundiales, y sus consecuencias no siempre redundaron en interés de los agricultores, ni de los consumidores, llegando a ser criticadas y hacerse impopulares entre los ciudadanos comunitarios, a la vez consumidores y contribuyentes. Es la época de las cuotas lecheras.
En 2003 se desvinculan las ayudas de la producción y se permite (obliga) a los agricultores a orientar la producción por las reglas del mercado. Además se establecen condiciones de concesión de las subvenciones obligando a respetar una serie de normas medioambientales, de inocuidad de los alimentos, de sanidad vegetal y de bienestar de los animales. Muchas granjas no han podido adaptarse a los requisitos de sanidad o bienestar animal, exigencias que se pasan por alto cuando se importan productos de fuera de la Unión.
El problema en España de desligar las ayudas de la producción, es que el que tenga hectáreas improductivas, recibirá ayudas que otros realmente necesitan. Además, como el 66% de las tierras está en arrendamiento y no se necesitan referencias de usos históricos, las subvenciones las cobrarán los propietarios. Como afirma Lorenzo Ramos, secretario general de la UPA, “si el temor es que la producción se dispare, que lo regulen, que lo inspeccionen, pero no se pueden desligar las ayudas de los productores”. Con la reforma que ahora se propone no importará siquiera si se cultivó alguna vez. Se tomará un año de referencia, 2014, y las hectáreas de campo que se acrediten entonces.
Existen sospechas en el sector agrario de que el ninguneo de la producción por parte de Europa sea una marcha disimulada hacia la reconversión del campo y hacia la desaparición paulatina de unas ayudas hasta ahora necesarias.
Vamos a ser claros: con este sistema de asignación de ayudas las pequeñas explotaciones, muchas de ellas familiares, que inyectan vitalidad en el mundo rural y en las economías locales y que en definitiva nos alimentan, no recibirán ni un duro. Sin embargo y sorprendentemente, subvencionaremos a aristócratas terratenientes como la Duquesa de Alba, a la familia Mora-Figueroa Domecq que es uno de los mayores latifundistas de Andalucía, a la Dehesa de los Llanos del Marquesado de Larios, a los Osuna García y hasta a la esposa del actual ministro de agricultura Micaela Domecq entre otros. Y eso no es todo; seguiremos repartiendo subvenciones a empresas tales como Pastas Gallo, Grupo Siro, Nutrexpa, Galletas Gullón, García Carrión, Vega Sicilia, González Byass, Unilever, Nestlé, Campofrío, Gallina Blanca, El Pozo, Pascual, firmas archiconocidas y con ventas multimillonarias, al igual que seguiremos ayudando a empresas tan necesitadas como Lidl, Mercadona, Carrefour y Alcampo.
En definitiva, las ayudas de la PAC deberían concederse a las personas agricultoras activas: las que trabajan en una explotación agrícola, agricultores pequeños y medianos, profesionales del campo que cotizan a la seguridad social agraria. No deberían darse a las personas que no viven de la agricultura impidiendo así el acaparamiento de explotaciones. Además, es necesario establecer un límite máximo real y eficaz en los pagos más bajo que el de la actual propuesta, ya que actualmente las explotaciones de gran tamaño y los grandes propietarios reciben enormes cantidades de dinero de la PAC sin necesidad de demostrar beneficios sociales y medioambientales.
Chantaje al campo español
La PAC ha dejado caer los precios agrícolas y en realidad no ha habido compensación hacia el sector productivo. Desde 2003 la renta agraria ha descendido un 27,4%. Los que se han beneficiado enormemente de los precios bajos de las materias primas son la industria alimentaria y la distribución.
La reforma de la PAC terminará a finales de 2013 y ya vamos conociendo por donde van a ir los tiros. Desde organizaciones agrarias y otros foros defienden una agricultura campesina; una política agraria que regule la producción interna y que la proteja de las importaciones tiradas de precio. Si no se hace esto los precios internos se vincularán a los mundiales que siempre han tenido y tendrán tendencia a la baja por lo que nuestros precios navegarán en la inestabilidad y no serán rentables para nuestra agricultura. La propuesta de la futura PAC no recoge esta necesidad.
Otra de las preguntas clave es la de cómo se repartirán las ayudas después de 2013. Por lo que se deduce de los primeros borradores que describen la política agraria futura las ayudas las seguirán recibiendo los mismos. Los agraciados recibirán más o menos dinero dependiendo del número de hectáreas que posean. Esto a pesar de que el Tribunal de Cuentas Europeo alertó el año pasado de que este criterio de reparto permitía que se beneficiaran quienes “no desempeñan actividad agrícola o lo hacen de forma insignificante” y de que el comisario de Agricultura de la UE, Dacian Ciolos, expresara su preocupación por el reparto de subsidios entre los que él llama “agricultores de salón”. La propuesta europea que se discute estos días veta la concesión de pagos directos a aquellos perceptores que ingresan menos de un 5% de su renta total por actividades agrícolas y siempre para ayudas superiores a 5.000 euros. El Tribunal de Cuentas Europeo considera que ese tope del 5% dirigido a excluir a “aeropuertos, compañías ferroviarias, inmobiliarias y empresas de gestión de instalaciones deportivas” no impedirá que aquellas personas que no ejerzan, o solo marginalmente, una actividad agraria se beneficien de los pagos directos. Tampoco está muy de acuerdo con la medida la organización agroganadera Asaja, pero por otros motivos. “Puede dejar fuera a algunos agricultores por el hecho de percibir rentas mayoritarias de otros sectores productivos”, dice Ignacio López, director Internacional de Asaja.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) también discrepa de la forma de reparto. Esta cree que el tope debería establecerse de otra manera, con la vista puesta en la producción. La UPA aboga porque no cobren los que ingresan con la venta de sus productos agrícolas menos del 25% de su renta total. De esta forma los agricultores de verdad quedarían distinguidos del resto.
El miedo a la concesión de ayudas vinculadas a la producción viene de lejos. En los años 80 surgió el problema casi permanente de la sobreproducción. Los excedentes de los principales productos agrícolas debieron exportarse (con ayuda de subvenciones) en el mejor de los casos, o donarse a países en vías de desarrollo o incluso almacenarse o destruirse dentro de la UE. El coste presupuestario de estas medidas fue muy elevado, además provocaron distorsiones en algunos mercados mundiales, y sus consecuencias no siempre redundaron en interés de los agricultores, ni de los consumidores, llegando a ser criticadas y hacerse impopulares entre los ciudadanos comunitarios, a la vez consumidores y contribuyentes. Es la época de las cuotas lecheras.
En 2003 se desvinculan las ayudas de la producción y se permite (obliga) a los agricultores a orientar la producción por las reglas del mercado. Además se establecen condiciones de concesión de las subvenciones obligando a respetar una serie de normas medioambientales, de inocuidad de los alimentos, de sanidad vegetal y de bienestar de los animales. Muchas granjas no han podido adaptarse a los requisitos de sanidad o bienestar animal, exigencias que se pasan por alto cuando se importan productos de fuera de la Unión.
El problema en España de desligar las ayudas de la producción, es que el que tenga hectáreas improductivas, recibirá ayudas que otros realmente necesitan. Además, como el 66% de las tierras está en arrendamiento y no se necesitan referencias de usos históricos, las subvenciones las cobrarán los propietarios. Como afirma Lorenzo Ramos, secretario general de la UPA, “si el temor es que la producción se dispare, que lo regulen, que lo inspeccionen, pero no se pueden desligar las ayudas de los productores”. Con la reforma que ahora se propone no importará siquiera si se cultivó alguna vez. Se tomará un año de referencia, 2014, y las hectáreas de campo que se acrediten entonces.
Existen sospechas en el sector agrario de que el ninguneo de la producción por parte de Europa sea una marcha disimulada hacia la reconversión del campo y hacia la desaparición paulatina de unas ayudas hasta ahora necesarias.
En definitiva, las ayudas de la PAC deberían concederse a las personas agricultoras activas: las que trabajan en una explotación agrícola, agricultores pequeños y medianos, profesionales del campo que cotizan a la seguridad social agraria. No deberían darse a las personas que no viven de la agricultura impidiendo así el acaparamiento de explotaciones. Además, es necesario establecer un límite máximo real y eficaz en los pagos más bajo que el de la actual propuesta, ya que actualmente las explotaciones de gran tamaño y los grandes propietarios reciben enormes cantidades de dinero de la PAC sin necesidad de demostrar beneficios sociales y medioambientales.
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