Amnistía fiscal, moral y legal ¿para qué?

Cuenta la leyenda que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Otro mito narra que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Bonito ¿verdad? No lo digo yo, aunque sea el que lo escriba, si no la Constitución Española. Es una lástima que poco más de 30 años después de promulgada nuestra ley fundamental haya poca gente que no piense que es poco más que un cuento para niños cargado de buenas intenciones. Eso es al menos lo que debió pensar nuestro gobierno cuando, allá por el mes de marzo, decidió promulgar una amnistía fiscal que también lo es moral y, como indica nuestra constitución, una amnistía legal. 

Por suerte no todos piensan igual. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por más de 50 diputados del PSOE contra la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducían medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción de déficit público. Para que nos entendamos, la amnistía fiscal.

Pero no creamos que el PSOE siempre ha sido el garante de la igualdad y los derechos fundamentales. Ahora han presentado un recurso movidos por el famoso milagro de la conversión desde gobierno en oposición. Anteriormente en España ha habido dos amnistías fiscales estando en el gobierno... sí, lo adivinaron, el PSOE. La primera fue en 1984, con Miguel Boyer como Ministro de Economía. Años antes de organizar fiestas con la Preysler endureció las leyes contra los evasores de impuestos a la par que permitía que aquellos tuvieran ocultas sus actividades pudieran comprar pagarés del Tesoro Público, sin penalización fiscal y manteniendo el anonimato. Sí, a mi también me parece una curiosa forma de endurecer las leyes. La idea es que el miedo ante el temible castigo futuro haga aflorar miles de millones ocultos por descuido... mira como tiemblan en Suiza. Pocos años después, en 1991, siendo el enano de Tafalla, o sea, Carlos Solchaga, Ministro de Hacienda, se permitió que los infractores compraran deuda pública con dinero negro a un tipo de interés inferior al del mercado. No pretendo que esto se convierta en una clase de historía, solo recordar que en todas partes cuecen habas. Por cierto, ninguna de estas medidas sirvió para gran cosa excepto para devaluar aún más el famoso slogan de "hacienda somos todos".

Llevo veinte años depositando en las distintas urnas nacionales, autonómicas y locales mi voto. Lo que hacen posteriormente con él aún no lo tengo claro. A lo largo de todo este tiempo no ha habido ni una sola campaña electoral en la que los candidatos no prometieran acometer la modernización definitiva de la administración a la par que una lucha sin cuartel contra el fraude. Si seguimos oyendo esas promesas es porque ni lo uno ni lo otro se ha llevado a cabo, al menos en la medida suficiente. El Partido Popular no solo no llevaba en su programa electoral nada parecido a una amnistía fiscal si no que estando en la oposición atacaron duramente la idea. El ahora presidente del Gobierno la calificó de «ocurrencia», mientras que la Secretaría General del partido la definió como "impresentable, injusta y antisocial". El milagro de la conversión también se da a la inversa, naturalmente. Ahora, sin ir más lejos, la misma María Dolores de Cospedal considera que la amnistía fiscal contribuirá a lograr el objetivo de déficit y es una medida que "es buena para todos los ciudadanos". Mariano Rajoy, por su parte, defendió la propuesta como una medida "justa" y "necesaria para España" ya que "a ningún español de bien le puede molestar que se haga un plan contra el fraude fiscal". Sin comentarios.

No voy a ahondar en la inmoralidad de medidas de este tipo. A nadie se le escapa la doble injusticia que encierran. Por un lado favorece a aquellos que han deliquindo durante años y por otro suelen ser personas con altos niveles de ingresos aquellos que tienen más facilidades para evitar sus obligaciones. Según Gestha, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, el 72% de los casos provienen de grandes fortunas y corporaciones. Naturalmente, el común de los mortales sujetos a una nómina hacemos frente a nuestras obligaciones tributarias mes sí mes también. A los que se tiene controlados, por tanto, se les sube los impuestos y a los delincuentes se les da facilidades. Tal ha sido la justificación del ministro Montoro ante la reciente subida del IVA, que como mucha gente no lo paga a los que lo pagan hay que castigarles subiendo dicho impuesto. La cuestión es si el fin justifica los medios y si hay que dejar de lado los principios de cohesión y justicia social a cambio de un supuesto bien a corto plazo. 

Si a alguien esto de los principios y la moral le suena a chino quizá la ley le convenza. No solo el PSOE opina que la amnistía fiscal rompe principios constitucionales, también lo consideran así la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) y la mencionada Gestha que apuestan por una lucha decidida contra el fraude sin ningún tipo de atajo. Además, establecen otras consideraciones legales, como el hecho de que no se compruebe que lo que se dice en las declaraciones sea cierto. Si no se comprueba el verdadero origen del dinero esta campaña puede dar pie al blanqueo de capitales procedente de actividades ilegales como el narcotráfico. Es más, podría darse la curiosa circunstancia de que se hiciera pasar por dinero negro lo que no lo es para así solo tributar sólo al 10 por cien. Desde Bruselas, el comisario europeo de fiscalidad, Algirdas Semeta, declaró públicamente que la amnistía fiscal decretada por el gobierno “disminuye la eficiencia de la lucha contra el fraude y la evasión”.

Lo peor es que, al igual que sucede con los últimos recortes, son medidas injustas e ineficaces. A día de hoy sólo se han presentado 115 declaraciones y ninguna de ellas de grandes fortunas. Es señal de que el llamamiento no ha producido, ni mucho menos, el efecto deseado. Parece difícil alcanzar la previsión del gobierno de recaudar 2.500 millones de euros, el resultante de hacer aflorar 25.000 millones de los casi 250.000 que se estiman fuera del control de hacienda. De haberse recaudado los impuestos correspondientes por este dinero, lo que el gobierno declara implícitamente ser incapaz de hacer, supondría para las arcas públicas casi 90.000 millones de euros. Entiendo que la lucha contra el fraude no debe ser tarea fácil y más en una país donde el dinero negro y la corrupción es el pan nuestro de cada día, pero a poco que se consiguiera se alcanzarían esos 2.500 millones sin necesidad de quebrar pilares del estado de derecho como son la igualdad ante la ley ni dar esperanzas a futuros defraudadores de que su delito saldrá muy barato. 

Si el mismo Partido Popular denostaba la idea hace un par de años. Si los técnicos y los inspectores de hacienda lo consideran injusto, ineficaz y no constitucional. Si desde la Unión Europea se muestran en contra. Si el Tribunal Constitucional considera que hay motivos para pensar que vulnera nuestra norma fundamental. Si la mayor parte de la ciudadanía, votantes del PP incluidos, se muestran claramente contrarios en un momento en el que los recortes, las subidas de impuestos y el desempleo nos ahogan. He aquí la pregunta que me hago, una amnistía fiscal, moral y legal ¿para qué?