Reforma Laboral: despidos de saldo

La esperada reforma laboral del PP entrará en vigor hoy tras su publicación en el BOE ya que se pondrá en marcha por decreto ley. Las explicaciones por parte de los responsables de la reforma sobre sus objetivos y la forma de conseguirlos no cuadran para casi nadie con las consecuencias que se derivarán de ella.         

     

Fátima Báñez, la ministra de Empleo y Seguridad Social ha dicho que se objetivará mucho más las causas de despido y que eso trae más seguridad jurídica. Con la nueva reforma un despido por causas objetivas se producirá, por ejemplo, cuando la empresa presente pérdidas durante tres trimestres consecutivos. Este requisito es fácilmente conseguible por cualquier empresa tal y como están las cosas. Incluso las grandes empresas españolas pasan meses con pérdidas sin necesidad de recurrir a ingeniería contable para simular esas pérdidas. Es decir, este endeble requerimiento es un mero trámite para despedir a los trabajadores pagándoles 20 días. La señora Báñez se debe referir cuando habla de seguridad jurídica a la facilidad con la que el juez podrá darle la razón al empresario en el caso de despido.

Engracia Hidalgo Tena, secretaria de Estado de Empleo, ha declarado a la cadena Ser que con la reforma no se hace ningún abaratamiento del despido. La reforma contempla rebajar la indemnización por despido a 33 días por año no sólo a los nuevos contratos, sino también con efecto retroactivo. Eso significa que la medida se aplicaría a los contratos ya firmados, los ordinarios que contemplan una indemnización de 45 días, aunque la nueva indemnización solo estará vigente a efectos de cómputo desde que se publique el decreto en el Boletín Oficial del Estado. Además, como he dicho antes, si las causas objetivas de despido cambian sustancialmente, el despido con 20 días de indemnización se generalizará. Bien, pues doña Engracia, erre que erre contestando a Angels Barceló que no, que no se abarata el despido, que si el procedente, que si el improcedente, que si se entenderán mejor las causas del despido, que si habrá más seguridad jurídica para el empresario y para el trabajador. Las dos responsables de empleo se han aprendido bien la lección.

Como ya adelantamos en La Reforma que viene en el plazo de un año se regulará un fondo de capitalización que se utilizará en el caso de despido, traslado o formación.

Con el nuevo decreto los empresarios podrán saltarse los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva. El Gobierno ve en esto una manera de lograr que haya una mayor flexibilidad interna y que en caso de crisis, o sea ahora, se opte por adaptarse a las circunstancias en lugar de optar por el despido. Esta flexibilidad afectaría a sueldos u otros derechos de los trabajadores. Está claro que las modificaciones de las condiciones de trabajo, en general, perjudicarán al trabajador, o lo que es peor, se utilizarán para hacer mobbing al asalariado con el objetivo de que sea él el que se vaya con la menor indemnización. En la mayoría de los casos, si la empresa va mal, el trabajador acabará en el paro por mucha flexibilidad que haya.

Otro punto en el que se facilita a los empresarios el despido masivo de sus trabajadores es el de no necesitar la autorización previa de la Administración para llevar a cabo un ERE.

Para las empresas de menos de 50 trabajadores habrá un nuevo contrato indefinido con un periodo de prueba de un año.  ¡Vaya evaluación más exhaustiva de un trabajador! Esto va acompañado de bonificaciones y exenciones fiscales por contratar a jóvenes y parados de larga duración. ¡No se quejará la patronal! Pueden coger un trabajador por poco dinero, tenerle un año, echarle y coger otro y así hasta que se harten o cierren la empresa.

Además, las empresas de trabajo temporal podrán actuar como agencias de colocación. Resulta que los servicios públicos de empleo sólo colocan a un 3 % de los parados y las ETT’s a un 13,8 %, y en vez de mejorarlos y hacer que sirvan para que la gente encuentre trabajo, le asignan esta función a empresas privadas que se lucran de ello.

Si después de todo esto, hay algún trabajador que no se haya ido al paro, podrá formarse en su empresa durante todo el tiempo que esté en ella porque el empresario tendrá la obligación de pagarle 20 horas de formación al año. ¡Qué derroche! Eso sí, los cursos serios para los que las 20 horas no den ni para la introducción, seguro que podrá pagarlos el trabajador en cómodos plazos con una financiación muy ventajosa.

Ahora bien, proletarios de España, no os preocupéis si os quedáis sin trabajo, que será lo más seguro después de este cúmulo de despropósitos y atentados a los derechos de los trabajadores, porque una vez en que estéis en el paro y si tenéis la suerte de cobrar prestación, podréis realizar con orgullo un servicio a vuestra comunidad. Así podréis demostrar que no sois unos corruptos y unos desalmados que os dedicáis a currar sin contrato a la vez que papá estado os suelta la pasta del paro para vivir como banqueros, yernos de reyes o ex presidentes del gobierno.