Sindicatos: la conquista de la subvención

El tema de la financiación de los sindicatos es una materia oscura en la que es difícil adentrarse. Se pueden hacer conjeturas en función de la información disponible pero me temo que nunca sabremos a ciencia cierta la participación real de los sindicatos en el accionariado de las empresas que son de su propiedad o en las que participan, las inversiones realizadas por esas empresas o los beneficios obtenidos en ellas.  

Los sindicatos se financian a través de varias fuentes: una de ellas son las cuotas de sus afiliados. CCOO dijo en junio de 2010 (Razones nº 5 Financiación y recursos humanos de los sindicatos. Confederación Sindical de CCOO del 22 de junio de 2010) que el total de ingresos en 2009 fue de 455 millones de euros de los cuales tan sólo 168 millones corresponden a ingresos propios, 62 millones procederían de operaciones internas dentro de la organización, y el resto, es decir, 225 millones de euros, procederían de subvenciones de diverso tipo procedentes de las distintas administraciones públicas. También declaran percibir en concepto de cuotas 118 millones de euros anuales, por lo que, si echamos cuentas lo que ingresa por las cuotas de afiliados supone un 25,9 % del total de sus ingresos.

Ignacio Fernández “Toxo” declaró en la tele en octubre de 2009 que la financiación de su sindicato procedía “en más de un 90%” de las cuotas de sus afiliados. Creo que tendría difícil explicar ese 90 % del que habla partiendo de sus propios datos. Otra fuente de financiación son las subvenciones, es decir, lo que les pagamos todos. También damos subvenciones a los empresarios, pero eso es tema de otro momento. Las subvenciones son los ingresos que ha decidido recortar en un 20 % el gobierno del PP. Los sindicatos reciben subvenciones por representatividad, según el número de delegados que obtienen en las elecciones: en 2009, 15 millones de euros para cada uno de los sindicatos más representativos; subvenciones por participación y asistencia en organismos y consejos: 2 millones para los sindicatos y otros 2 para la CEOE en 2009.

También reciben subvenciones para la formación de los trabajadores: en 2010 la administración dedicó a la formación nada más y nada menos que 2.572 millones de euros. CCOO recibió en 2010 la cantidad de 200 millones de euros.

Hay razones fundadas para dudar de que este dinero se gaste, en su integridad al menos, en aquello para lo que ha sido concedido, tanto por los datos de las inspecciones administrativas encontrados como por las múltiples irregularidades que se dan en la realización de los cursos. El Tribunal de Cuentas realizó un informe detallando las irregularidades cometidas en la actividad del FORCEM entre los años 1996 y 1998: irregularidades referentes a la solicitud de la subvención, a la justificación económica de la misma (facturas “hinchadas”, subcontrataciones de empresas afines) e irregularidades referentes a la aplicación de la subvención (cursos que no se han dado, cobro a los alumnos). Sin embargo, a pesar de todas estas irregularidades, las organizaciones participantes no tuvieron que hacer frente a responsabilidad alguna, aún cuando las declaraciones del Tribunal de Cuentas acerca de la posibilidad de que los fondos destinados a formación hubieran sido empleados para financiar las organizaciones sindicales y empresariales no podían haber sido más claras. En 2007 se disolvió el FORCEM y se creó la Fundación Tripartita para la formación y el empleo, también acusada de fraude en el diario “Público”. Más recientemente se realizó una fiscalización a la Fundación para la Prevención de los Riesgos Laborales (de la que forman parte las administraciones y las organizaciones empresariales y sindicales) desde 2000 a 2007. En el informe del Tribunal de Cuentas se constata entre otras cosas la falta de diligencia y desidia de la Administración, la falta de control de la Fundación sobre los fondos que repartía y la auto asignación de las subvenciones.

Los sindicatos reciben también subvenciones para la realización de proyectos sociales. En Navarra, por ejemplo, UGT, CCOO y la Confederación de empresarios se repartieron más de 26 millones de euros del gobierno foral entre 2009 y 2011. Además de recibir fondos públicos, también se financian prestando servicios de asesoría jurídica a los no afiliados o a los recien afiliados. CCOO dice obtener por este concepto 20 millones anuales. No sabemos si dentro de esta cantidad está incluída la cantidad que cobran a los trabajadores por la negociación de los ERE. Para muestra un botón: en el caso de la multinacional Delphi, cuyo cierre motivó un plan especial de ayudas del gobierno autonómico andaluz, las federaciones estatales de CCOO y UGT ingresaron entre 1,2 y 1,3 millones de euros cada uno. (Diario El Mundo, 4 de abril de 2011, edición de Andalucía, página 24).

Los sindicatos además poseen empresas o tienen participaciones accionariales en empresas. Listas de ellas se pueden consultar en www.einforma.com. UGT y CCOO son, por ejemplo, accionistas de la compañía de seguros Atlantis. La actividad de las agencias de esta compañía consiste en el asesoramiento en “procesos de negociación colectiva y en la posterior instrumentación de los compromisos pactados” y “planes de prejubilación” o “compromisos por pensiones y en materia de previsión social”, es decir, la participación en los ERE y los despidos colectivos o en la gestión de planes de pensiones.

A veces también reciben fondos por acuerdos con empresas.  En 2006 la Audiencia Provincial de Madrid consideró probado que “La entidad bancaria norteamericana Citibank abonó 650.000 euros a los sindicatos CCOO, UGT y FITC para obtener su colaboración en diferentes acuerdos laborales”. Y gestionan planes de pensiones privados: en Gestión de Previsión y Pensiones y Fonditel Pensiones, CCOO y UGT tienen una participación entre los dos que suma el 30% del accionariado de cada una de estas empresas.

Como podéis ver, los sindicatos han perdido, en gran parte, su naturaleza originaria. La participación de los trabajadores en sus decisiones y su actividad es mínima. La legitimidad dada a las organizaciones sindicales por su reconocimiento legal que hace que reciban importantes ingresos por parte de las administraciones, ha hecho que muchas veces se olviden de su función esencial: la defensa de los derechos del trabajador. Sus dirigentes se han convertido en profesionales del pacto y cómplices de un entramado de intereses al que se suman gobiernos y empresarios en detrimento de las condiciones y derechos laborales de los trabajadores.

Es necesario que se rectifiquen estos comportamientos y se cambie esta situación para que los trabajadores vuelvan a confiar en sus verdaderos representantes y acudan a la lucha sin reservas y con toda la fuerza y esperanza de otros tiempos, en los que se daba la vida por conseguir una jornada laboral de 8 horas.