lunes, 11 de junio de 2012

La ONU se queja de España y con razón


Juan Carlos I, rey de España, firmó en 1976 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Este es un tratado multilateral general que reconoce Derechos económicos, sociales y culturales y establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Se compromete a las partes a trabajar para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida adecuado. El Pacto es supervisado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. 

Dicho comité en su último informe, ha llegado a la siguiente conclusión: Los ajustes económicos del Gobierno de Mariano Rajoy perjudican "de forma desproporcionada" los derechos de los españoles, especialmente, los de los grupos más desfavorecidos: "los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los desempleados, las personas mayores, los gitanos, los migrantes y los solicitantes de asilo". Ante la denuncia de una veintena de ONG, muestra su "preocupación" por los efectos que "las medidas de austeridad adoptadas por el Estado" están teniendo en los derechos humanos de la población. En consecuencia, el Comité solicita al Gobierno que tome "las medidas apropiadas para proteger el contenido esencial (del pacto) en cualquier circunstancia". 


El informe, en concreto, hace alusión a la Reforma Laboral, a las medidas de ahorro en Sanidad y Educación, así como a los recortes en Igualdad, Violencia de Género y Ayuda al Desarrollo. También señala como preocupante el incremento de la pobreza en nuestro país.

En cuanto al empleo el Comité recomienda a España que adopte estrategias eficientes con miras a reducir las tasas de desempleo y cumplir progresivamente con el pleno disfrute del derecho al trabajo. El Comité recomienda al Estado evitar cualquier retroceso en el ámbito del empleo, incluyendo la protección de los derechos laborales de los trabajadores.

Hasta ahora, esta recomendación ha sido entendida al revés por este gobierno. Su reforma, que a efectos prácticos permite el despido casi libre, da absoluta libertad al empresario para cambiar las condiciones de los trabajadores, incluida la bajada de los sueldos y paraliza al asalariado para protestar ante el miedo a ser despedido son prueba de ello. El continuo aumento del paro ratifica la nula efectividad de la reforma para generar empleo.

En cuanto a la Sanidad, por las modificaciones a la ley de extranjería de 2009, que ha introducido este gobierno por decreto el Comité recomienda al Estado asegurar que, de conformidad con el principio de universalidad de las prestaciones sanitarias, las reformas adoptadas no limiten el acceso de las personas que residen en el Estado a los servicios de salud, cualquiera que sea su situación legal. También recomienda que el Estado evalúe el impacto de toda propuesta de recorte en cuanto al acceso de las personas y colectivos desfavorecidos y marginados a los servicios de salud. Otra recomendación que llega tarde o a la que el gobierno de España hará oídos sordos en contra del artículo 12 del Pacto.

En educación: el Comité considera las medidas del ministro José Ignacio Wert "regresivas" porque ponen en riesgo "el acceso de las personas y grupos desfavorecidos a la educación universitaria". Además, se muestra preocupado por las altas tasas de abandono escolar temprano que en España es el doble de la media de la Unión Europea. Por todo ello, pide al Gobierno "asegurar una inversión económica y presupuestaria sostenida y suficiente en educación, que sirva para garantizar la calidad y las condiciones de igualdad para todos los niños y niñas". Si no, el artículo 13 del Pacto será incumplido. Nuestro ingenioso ministro y algunos gobiernos de comunidades autónomas han hecho caso omiso de dicho artículo.

También muestra su preocupación por la "persistencia de altos niveles de violencia de género" y la permanencia "de ciertos estereotipos que siguen impidiendo que las mujeres disfruten, en igualdad de condiciones que los hombres, del derecho al trabajo".

En lo que respecta al aborto, el Comité señala "las dificultades encontradas por las mujeres, en función de su lugar de residencia, para acceder al aborto de conformidad con la Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de 2010". A esto hay que añadir el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, del cambio de la ley y las últimas noticias sobre la posible exclusión del aborto voluntario de la cartera básica de servicios sanitarios.

El Comité también llama la atención sobre la disminución de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) que afecta el compromiso de España de situarla en, al menos, un 0.7% del PIB. 


Y por último, y no por ello el asunto menos importante de los que se queja el Comité está el aumento de la pobreza, pero en este caso no de la pobreza de países del tercer y cuarto mundo que llevamos viendo en la tele desde que éramos pequeños y que por desgracia seguiremos viendo. Se trata de la pobreza en España. El Comité recomienda adoptar un programa nacional de lucha integral contra la pobreza "que incluya medidas específicas y estrategias para mitigar los efectos de la crisis". El panorama es desalentador:

En la actualidad, la pobreza en España es "más extensa, más intensa y más crónica que nunca". Esta es una de las conclusiones del estudio Exclusión y desarrollo social 2012, que ha sido elaborado por la Fundación Foessa. En España hay más de 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. El porcentaje de hogares españoles que están por debajo del umbral de la pobreza es del 22%. Además, uno de cada cinco hogares está en "situación de riesgo". España es uno de los países europeos con mayor tasa de pobreza, sólo superado por Rumanía y Letonia. Según la estadística de la Unión Europea, fue el país europeo donde más aumentó la pobreza en 2010. Un tercio de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes. 


"El aumento constante de la desigualdad y la brecha salarial entre ricos y pobres, que se ensanchó muchísimo al principio de la crisis, amenaza con seguir aumentando, lo que provocará la polarización de la sociedad", señaló Sebastián Mora, secretario general de Cáritas en la presentación del informe.

En esto de la miseria también hay diferencias territoriales. En Navarra, el índice de pobreza es del 7% y en Extremadura, del 38%. En toda la UE hay 84 millones de pobres. Un 10,7% de ese total están en España. Además las cifras no hacen más que aumentar. La CE ya advertía de que la crisis estaba generando una nueva clase social, la de los llamados "trabajadores pobres". Es decir, ciudadanos a quienes tener un empleo no les libra de la miseria.

Como podéis ver, las recomendaciones y preocupaciones del Comité de la ONU están más que fundadas.

Es curioso y lamentable que en el Pacto firmado por el rey haya una objeción hecha por España a la declaración formulada por Pakistán cuando firmó el Pacto, ya que este país supedita el cumplimiento del Pacto a su constitución islámica. Nosotros estamos condicionando su cumplimiento a las directrices dadas por Bruselas y los mercados. Pakistán ahora debería protestar por las medidas del gobierno de Rajoy.

El que firmemos tratados, pactos, declaraciones de derechos y demás escritos que sustentan este mundo hipócrita y cínico de la política internacional es un acto más del gran teatro del mundo adulterado y pútrido basado en intereses egoístas. Pero esto no quiere decir que lo que está escrito en lo que se firma no sea verdadero y de un valor moral indiscutible. No podemos seguir pisoteando los logros en materia de derechos que han costado tanto conseguir y que debería ser la guía de nuestro comportamiento a todos los niveles. El retroceso en este aspecto, sea cual sea el motivo, es algo que deberíamos evitar a toda costa porque de otra forma nuestro bienestar presente y futuro peligrará y deberemos recorrer otra vez el camino arduo de la lucha por los derechos esenciales.