¡Contamina, que es gratis!

El 25 de abril de 1998 ocurrió una de las mayores catástrofes ambientales de España. Una balsa de residuos de metales pesados muy contaminantes de 8 hm³, procedentes de una mina de la empresa de capital sueco Boliden-Apirsa situada en la localidad de Aznalcóllar (Sevilla) se rompió por dos de sus lados, liberando gran cantidad de líquido con alta acidez.

El vertido producido en el río Agrio llegó rápidamente al río Guadiamar, que fluye hacia el Parque natural de Doñana y preparque, donde fue frenado y desviado mediante diques para que llegara con más rapidez al Guadalquivir y de allí al mar.

Desde entonces varias administraciones públicas se han gastado muchos millones de euros intentando limpiar la zona contaminada. Para exigir responsabilidades, en 2004 hubo un acuerdo del Consejo de Gobierno que declaró en vía administrativa que las empresas del grupo Boliden estaban "obligadas" a reembolsar los costes asumidos por la Junta, pero un juzgado de Primera Instancia de Sevilla y la Audiencia Provincial declararon que no tenían competencia para analizar la cuestión.

El Gobierno andaluz decidió entonces elevar la reclamación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que anuló el acuerdo de 2004 en el año 2007.

Pues bien, el mes pasado, el 10 de Noviembre de 2011, el Tribunal Supremo ha vuelto a fallar en contra de la Junta de Andalucía en su batalla para que la empresa sueca pague el coste del desastre ecológico, estimado en casi noventa millones de euros.

Ambos tribunales entienden que la Junta carecía de competencias de «autotutela» y que la Ley de Minas en la que se basó la Junta para reclamar a Boliden no le autorizaba a pedir el reintegro de los daños sufridos sin necesidad de acudir a los tribunales, pues «no existe precepto legal alguno» que le habilite para exigir «la reparación de unos daños amparados en un título de derecho privado. ¿Alguien entiende algo?

Después de recordaros un poquito la historia del desastre y post-desastre intento hacerme idea de lo que ha ocurrido: los vertidos fuertemente contaminantes de una empresa se echan en un contenedor sin las medidas de seguridad necesarias, el contenedor se rompe, los lodos inundan los campos de cultivo, el río y destruye la flora y la fauna de la zona. Nos gastamos un pastón en intentar limpiar el desaguisado, y la empresa responsable sale de rositas por una cuestión formal. ¿No es indignante? ¿Así preservamos la naturaleza, señores jueces?

La gestión judicial del asunto por parte de la Junta ha sido una chapuza que nos ha llevado a esta situación después de 13 años en los que nos hemos gastado 90 millones de euros. La empresa responsable sigue sin reparar el daño causado ni lo va a reparar porque entre otras cosas actualmente Boliden-Apirsa se encuentra en fase de liquidación. Y la justicia en este caso creo que se ha pasado de ciega (no sabemos por qué), al no ver la evidencia de un caso que clama al cielo. Boliden debe tener los mejores abogados del mundo y la Junta los peores.

Lo triste es que ante la permisividad de las administraciones y la irresponsabilidad de las empresas, este tipo de desastres puede ocurrir en cualquier momento. De hecho, pocos días después de esta catástrofe, estalló otra balsa en Cádiz, por suerte, sin mayores consecuencias y lo sucedido en Aznalcóllar ha venido ocurriendo en la bahía de Portmán (Cartagena), día a día, durante más de treinta años.